El FMI, el BID y el Banco Mundial "no pueden ser incluidos en la quita de la deuda", es decir, en la cesación de pagos, como ocurrió con los acreedores privados, ya que "aportaron dinero en lo peor de la crisis", aseguró el presidente del BID, Enrique Iglesias. Es decir que, cuando el estatismo argentino dilapidaba recursos, dejaba de cumplir con sus obligaciones y confiscaba los depósitos bancarios de la ciudadanía, los organismos multilaterales apoyaban tales disparates con más créditos. Iglesias adelantó que es intención del BID "aumentar la deuda dando más préstamos, no bajarla".
Sucede que estos organismos tienen el poder político para forzar el pago, mientras que los acreedores privados no. Así, la "quita" (el porcentaje de deuda que el gobierno no pagará al levantar la cesación de pagos), "no es un problema" ya que "los acreedores que no acepten tendrán poco poder si apelan a la vía judicial", aseguró un asesor del gobierno. "Lo que importa es que se diseñe un paraguas legal para que los afiliados no puedan demandar a las administradoras" (que invirtieron sus dineros en papeles de deuda argentina), continuó diciendo el brillante asesor.
El FMI, el G7 y el Departamento del Tesoro de EEUU reclaman que se reduzca la quita al 60% de la deuda contraída, en lugar del 75% que el gobierno argentino pretendía. Aún así, se trata de un nuevo récord mundial de incumplimiento. Como al gobierno argentino le interesa que no se caiga el acuerdo, presentó una nueva propuesta que se calculó sobre los 81.200 millones de dólares hoy en cesación de pagos, a los que ahora se sumarían 18.200 millones de dólares en reconocimiento de intereses pendientes de pago. Pero los acreedores privados rechazaron la propuesta, llamándola “absolutamente inaceptable”.
En diciembre de 2001, cuando el presidente Duhalde hizo efectiva la cesación de pagos, la deuda era de 145.000 millones de dólares y equivalía al 57% del PIB argentino. Bajó a 113.000 millones de dólares por la conversión compulsiva de una parte a pesos devaluados. Pero luego fue aumentando por diferentes motivos, y se fueron pagando los intereses, básicamente al FMI, que no se incluyó en la cesación de pagos, y cancelando vencimientos de capital. Así, la deuda total a fines de 2003 trepó a 178.821 millones de dólares, 134% del muy caído PIB.
Si el gobierno argentino logra imponer su propuesta, la deuda pública total podría reducirse al 78% del PIB. Es decir que, aun con esta quita, seguimos endeudados en dólares casi tanto como antes de la cesación de pagos, pero mucho más en relación al PIB actual.
Durante los años 90 y hasta diciembre de 2001, la Argentina refinanciaba gran parte de los intereses que se iban venciendo. Para ello se sobrendeudaba en los mercados internacionales, con el apoyo del FMI. Ahora, el gobierno paga con el 3% del PIB de superávit fiscal (unos 4.200 millones de dólares anuales), y se compromete a incrementarlo.
La cruda realidad demostró que el gasto estatal era insostenible y arrastró al país a una situación desastrosa. Hoy, la situación es similar: está por verse si se puede mantener el superávit fiscal (que le cuesta mucho al sector privado, que lo aporta vía impuestos) y, aun así, ¿quién garantiza que la deuda no seguirá aumentando como viene sucediendo desde 2001? Lo sano sería saldar la deuda en base a un drástico recorte del gasto y la venta de activos estatales.
La gran ironía es que el estatismo provocó la cesación de pagos porque, según sus ideólogos, la deuda era impagable. Hoy, estos mismos ideólogos tienen una deuda que aumenta y es mayor que la que se negaron a pagar, mientras que la economía argentina, según cifras del PIB, es considerablemente más pequeña. Conclusión: todo lo han hecho al revés y quienes sufren son los ciudadanos argentinos y aquellos extranjeros que creyeron en la palabra del gobierno argentino.
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Alejandro A. Tagliavini, miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas)