Teníamos ocultas esperanzas de que una vez en el Gobierno, al menos en esto, la sensatez finalmente se impondría. Pero no. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha anunciado que el Ejecutivo aprobará el próximo viernes el “decretazo” que derogará el trasvase del Ebro. Con su empecinamiento, el gobierno socialista no solo deja en evidencia su nula idea de España como proyecto nacional y vertebrado sino también el grado de disparates y errores de gestión que pueden asumir los socialistas con tal de saciar su demagogia y su inquina contra el anterior gobierno del PP.
Trasladar agua de la España húmeda, donde sobra, a la España seca, donde falta, debería ser antes que nada una disposición de la más básica racionalidad. De hecho en la anterior etapa socialista, el entonces ministro de Obras Públicas, Josep Borrell, ideó un proyecto muy similar, solo que contemplaba el trasvase de mucha mayor cantidad de agua. Los populares en el Gobierno tramitaron e hicieron realidad su proyecto para el que ya se disponía de toda la financiación necesaria, incluidos los más de 4.000 millones de euros provenientes de Bruselas, y el espaldarazo del Consejo Nacional del Agua que agrupa a las asociaciones de regantes, confederaciones hidrográficas y administraciones públicas afectadas. Muchos responsables locales y autonómicos socialistas respaldaron el proyecto popular y no dejaron de expresar su malestar porque el PSOE tratara de desgastar al gobierno en uno asunto tan importante como este.
Ahora, su inercia contra el PP, las presiones del tripartito catalán y el demagógico resentimiento de no pocos dirigentes aragoneses, llevan al Gobierno socialista a parar en seco —nunca mejor dicho— el Plan, sin que hasta la fecha haya dado más alternativa que anunciar la puesta en marcha de tres desaladoras en Levante que ya contemplaba el propio PHN como complemento y refuerzo al agua trasvasada. Llevar más lejos la utilización de desaladoras, como parecen pretender los socialistas, no solo dispararía el coste del agua dulce—al que habría que sumar el coste de sus traslado desde las zonas costeras— sino que provocaría un gran impacto medioambiental en los fondos marinos y graves problemas de dispersión de la salmuera.
Cuando el PHN trataba de trasvasar una décima parte del agua dulce que anualmente vierte el Ebro al mar, reconocerán que la desalinización como alternativa al trasvase adquiere tintes de humor negro.
Para colmo de disparates, la ministra de Medio Ambiente también nos anuncia una serie de precios del agua —que nadie sabe aun en qué se basan— pero que desde luego vienen a penalizar su uso para actividades turísticas y campos de golf, donde se llegara a pagar hasta diez veces más que para el uso agrícola.
Siendo el turismo la primera industria de nuestro país y habiéndose encendido las alarmas por los nuevos países competidores, parecería que el Gobierno ZP trata de huir de un error haciéndolo todavía más gordo. En España existen cerca de 200 hoteles vinculados a la práctica del golf. En 2003 generaron un negocio de 1.400 millones de euros, frente a los 800 millones de 2000. Actualmente hay más de 150 proyectos para crear nuevos hoteles orientados al 'turismo de golf', según un informe de DBK. Eso, sin contar con el elevado número de empleos que ha generado este sector en los últimos años. Sin lugar a dudas el césped de un campo de golf se ha convertido en el “cultivo” más social y económicamente rentable de cuantos hay en nuestro país.
Tanto dislate, pues, por parte de la ministra y de su Gobierno nos lleva a plantearnos si no serán un perverso deseo del “divide y vencerás” y el inconfesable animo de introducir una cuña entre los distintos sectores que ahora protestan unidos contra la derogación del trasvase, el que lleva a la ministra a plantear ahora semejante discriminación en precios. En cualquier caso, convendrán los lectores que ni la simple estulticia ni la perversión cainita pueden ser una alternativa sostenible de Gobierno.