Con motivo de las manifestaciones contra la guerra en Irak el PSOE manifestó un desprecio chulesco por el concepto moderno de representación política, concepto propio de la existencia de una nación que es representada. El Parlamento y el Gobierno fueron acusados de violentar la voluntad popular, voluntad que, a juicio del partido socialista, encontró una expresión insuperable en su legitimidad en las manifestaciones alentadas por Zapatero. Por supuesto, esta sustitución del mandato representativo que fundamenta nuestro sistema político por la apelación a “la voz de la calle”, fue oportunamente arrumbado cuando la Iglesia Católica convocó a cientos de miles de fieles en las calles de Madrid -lo que, siguiendo el razonamiento expresado entonces por la izquierda, debería haber convertido al Cardenal Rouco Varela en presidente del Gobierno-, y es hoy igualmente ignorado por el PSOE, que no duda en legislar contra el criterio de esta institución.
Cuando no hay nación lo que hay (en el mejor de los casos) son “sectores de la sociedad”, “colectivos” o “sensibilidades”, una versión posmoderna de los “estamentos” o de las “clases sociales” que estructuran el pensamiento de la izquierda. En ausencia de la nación, el poder ejecutivo es un simple “mandado” de los sectores que lo apoyan, que tratan de ejercer –al parecer con bastante éxito-, un mandato imperativo, y, por tanto, a favor de un interés particular o privado. En este caso, el poder legislativo en un mero notario de los acuerdos entre el Gobierno y sus socios, y lo que hace, en sentido literal, es conceder privilegios, leyes privadas que satisfacen una aspiración de grupo.
Hasta ahora, la referencia de las iniciativas legislativas del Gobierno de Zapatero no es la nación española, sino sectores que se caracterizan por su organización subsidiada, su desprecio por los procedimientos de las democracias liberales, una abierta militancia sectaria, y, con raras excepciones, su infatigable combate contra España como concepto político e histórico. Todo el programa de gobierno del PSOE es sectorial, ignorante de la nación y del interés general tanto ideológicamente como territorialmente: gobierna para algunos sectores de opinión y para algunos lugares de España.
El último episodio de este modo privilegiado de legislar lo estamos viviendo a propósito de la nueva ley que aspira a hacer disminuir la violencia doméstica. Cuando se ha solicitado al Gobierno la inclusión en ella de la protección de cualquier víctima de ese tipo de violencia, la repuesta ha sido irrespetuosa con el poder judicial y propia de una ONG, pero no del Gobierno. Este defecto no proviene de su empeño en excluir de ella a los varones que puedan padecer la misma violencia que la mujer, sino del hecho de que asienta esta preferencia sobre un razonamiento estrictamente feminista y, por tanto, sectario y equivocado. Si en esta materia el Gobierno se niega a proteger a una parte de la ciudadanía (los varones) es sólo para poder decir que protege a otra de manera especial. ¿En qué perjudicaría a la eficacia de la ley la inclusión de los varones? En nada; al contrario, lo coherente sería que el PSOE acompañara su autorización de los matrimonios homosexuales con la protección a las víctimas de la violencia que pueda generarse dentro de ellos. ¿En qué perjudicaría a la pose feminista del PSOE? En todo. Porque lo que los grupos feministas piden no es sólo la protección de la mujer, sino que el gobierno elabore una ley feminista (y desde esta perspectiva la violencia es incompatible con las parejas homosexuales, porque “donde no hay desigualdad no puede haber violencia”) Recuérdese que el presidente del Gobierno se ha definido como un “feminista radical”.