La filtración a La SER y a la agencia Efe por parte del Ministerio del Interior de los informes de la Guardia Civil y la Policía, con la que se pretende demostrar que los confidentes Suárez Trashorras y Rafá Zouhier no informaron a las Fuerzas de Seguridad de la venta de explosivos a los terroristas del 11-M, no debilita sino que refuerza todavía más la exigencia del PP respecto a la comparecencia de los confidentes y el ministro del Interior en la Comisión de Investigación.
En primer lugar, ya va siendo hora de que el PP haga pie con pared y saque los colores a un ministro del Interior que de forma tan reiterada como vergonzosa recurre a un mecanismo tan improcedente como es la filtración a los medios afines de determinados informes secretos para ser utilizada con fines propagándisticos, cuando al tiempo Alonso y su partido se niegan a dar explicaciones de las presiones de las que han sido objeto confidentes encarcelados como Zouhier para que no declaren ni ante el juez ni ante la comisión que supuestamente tiene por objetivo esclarecer lo sucedido.
En segundo lugar, aunque el ministro que ha perpetrado la filtración haya buscado con ella justificar la decisión del PSOE y de sus aliados de oponerse a la comparecencia de Trashorras y Zouhier en la comisión, los informes no sólo no acreditan que los confidentes no informaron de la compraventa de dinamita antes del 11-M, sino que acrecientan las sospechas sobre la actuación de determinadas unidades policiales. Además de tramposos, torpes.
Ejemplo de ello es que el informe reconoce tanto que el confidente Zouhier alertó, en enero de 2003, a sus contactos de la UCO de la Guardia Civil sobre las gestiones de Suárez Trashorras para buscar compradores para unos explosivos que había sustraído de unas minas de Asturias, como que la Policía de Oviedo tenía informes de que Suárez Trashorras estaba traficando con dinamita.
El PP no se debe contentar con dejar acreditado que el anterior Gobierno no mintió a la hora de informar sobre el 11-M; rebatir esa falsa imputación sólo es una parte de la lucha contra la infamia que padeció el partido de Rajoy en esos aciagos días del 11 al 14 M. El PP debe aspirar a que se esclarezca toda la verdad, sin apaños ni entendimientos ni ilusos equilibrios. Del 11 al 14 M no sólo se cometió una masacre terrorista sino también una infamia política que no puede ser saldada repartiendo a todos los cargos de inocentes.
Hace hoy justo dos meses que en la reunión del Pacto Antiterrorista, Rajoy se daba por “satisfecho” con las explicaciones de Alonso que días antes habían provocado la justificada y airada protesta de Acebes. “La mejor aportación es lo que he dicho, todo lo demás no sirve a causas nobles", dijo entonces el líder popular tras su reunión con Zapatero y su ministro.
Nosotros sabemos suficientemente a qué causa iba a servir Alonso cuando Zapatero lo nombró en el cargo como para no tener dudas respecto a la aquiescencia de ZP con las “producciones Rubalcaba”. El conocido perfil de este sectario miembro de Jueces para la democracia era tan ajeno a lo que debía ser un ministro del Interior como lo es a la trayectoria socialista del nuevo comisario general de Información. La cuestión ahora es si Rajoy, que tantos elogios recibió de Gallardón por la forma en que tras el 14 M “tiene de mirar al futuro, sin caer en la tentación de la radicalidad y la nostalgia”, va a situar entre sus “causas nobles” el que se sepa todo de la mayor masacre terrorista y del mayor vuelco electoral que se ha conocido en la historia de España.