El Gobierno español acaba de recibir una carta de la Comisión Europea en la que se le comunica oficialmente que la legislación catalana sobre grandes superficies supone una violación del Tratado de la Unión. Aunque Bruselas se limita por ahora a la advertencia, las autoridades españolas tendrán más o menos dos meses para atender esta “carta de emplazamiento” si quieren evitar que las autoridades comunitarias abran un procedimiento de infracción que puede acabar en una denuncia contra nuestro país ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La misiva comunitaria considera acertadamente que las leyes catalanas 16/2000, que penaliza fiscalmente a las superficies comerciales de más de 2.500 metros cuadrados, y la 17/2000, que restringe la apertura de nuevos establecimientos, van contra la "libertad de establecimiento".
Aunque Bruselas espera iniciar "lo más pronto posible" procedimientos similares contra Portugal y Francia, y aunque Cataluña tampoco sea en España la única Comunidad autónoma donde las autoridades restringen y penalizan el establecimiento de grandes superficies, sí que hay que advertir que es en Cataluña donde las cesiones y los privilegios otorgados a los grupos de presión que constituyen las asociaciones del pequeño comercio, han alcanzado mayores cotas de perjuicio a la libertad de empresa, la libre competencia y la soberanía del consumidor.
La advertencia que ahora dirigen las autoridades comunitarias adquiere todavía mayor relevancia en estos momentos si tenemos en cuenta que el Gobierno de ZP, presionado por el Tripartito catalán, todavía no ha disipado si va o no a acceder a una nueva y liberticida vuelta de rosca entorno a la cuestión de los horarios comerciales.
El PSOE, que tanto invoca su europeismo, bien haría en atender, aunque fuera como imperativo europeo, lo ya se debería haber atendido desde la mera sensatez y el respeto a la soberanía del consumidor. En cualquier caso, tiempo habrá de recordar las promesas de “mayor libertad económica” proclamadas por Zapatero en su entrevista a la COPE, por no hablar de los críticos informes dirigidos contra esta misma legislación que ahora denuncia Bruselas provenientes del Tribunal de Defensa de la Competencia en los tiempos en los que lo presidía el actual secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.