Uno de los más clásicos errores en la vida política es minusvalorar la maldad del enemigo. Así, demasiado a menudo, nos esforzamos en comprender y respetar las posiciones del contrario desde el convencimiento de que está equivocado, pero que su intención es tan positiva como legítima. Sin embargo, no siempre es así.
Durante la fase diplomática de la Crisis de Irak vimos como algunas potencias hacían del Consejo de Seguridad el instrumento idóneo para tratar de intervenir en la política exterior de otra. Francia utilizó la crisis y la institución para debilitar la posición internacional de Estados Unidos, ignorando la situación de Irak. Sus actos fueron contradictorios en relación al problema iraquí, pero coherentes frente a la hegemonía yanqui. No nos engañemos, muchos de los defensores a ultranza del multilateralismo, del gobierno mundial, reivindican la importancia de instituciones que luego usan para fines bien distintos de los recogidos en sus documentos fundacionales. Es evidente que dañan su prestigio y limitan su eficacia, pero ese no es su problema.
El último ejemplar acto de multilateralismo es el que ha llevado a cabo el Tribunal Internacional de La Haya al pronunciarse sobre el “Muro” de Israel. El Tribunal en cuestión no tiene ninguna competencia para dictar sentencia, pues su misión es la de corte arbitral y requiere del consentimiento de las partes ¿Cómo lograr entonces que se pronuncie? La Asamblea General, por iniciativa de estados islámicos y africanos, pidió al Tribunal que lo hiciera como instancia cualificada para dar consejo. En un “impecable” ejercicio de respeto al papel que Naciones Unidas debe jugar en la escena internacional, un conjunto de estados caracterizados por sus regímenes dictatoriales, corrupción y sistemática violación de los derechos humanos, decidió utilizar indebidamente un Tribunal para presionar diplomáticamente a un estado soberano, a una de las pocas democracias liberales que en el mundo existen, ignorando los instrumentos jurídicos de que Israel, como estado de derecho que es, dispone.
El Tribunal de la Haya, formado por prestigiosos jueces que en muchos casos proceden de estados donde no hay justicia, ha optado por hacer política y entrar de lleno en el debate israelo-palestino. En clara demostración de su respeto por el derecho internacional, han llegado a conclusiones tales como que Israel no puede levantar un “Muro” porque no está amenazado por otro estado. Para sus señorías el terrorismo que sufre la sociedad israelí no justifica la legítima defensa y, por lo tanto, deben derruir el “Muro” y exponerse de nuevo a la sangría de los suicidas pertrechados con cinturón-bomba. Formidable ejercicio de sentido común.
El “Muro” es una necesidad; su paulatina construcción ha supuesto una reducción significativa del número de actos terroristas; tiene el apoyo del Parlamento israelí; es parte de una amplia operación que incluye el levantamiento de un importante número de asentamientos; y, finalmente, no implica una definición de fronteras. Éstas sólo pueden ser resultado de una negociación entre israelíes y palestinos, de ese proceso de paz al que el Tribunal Internacional de La Haya ha hecho un flaco favor.
Frente a este triste ejercicio de demagogia, el Tribunal Supremo israelí ha dado un ejemplo de lo que supone la independencia judicial en un estado de derecho, al obligar a su Gobierno a rectificar parte del trazado. El Tribunal reconoce el derecho de Israel a defenderse de las acciones terroristas, asume que su diseño no corresponde a las fronteras del estado y obliga a realizar cambios allí donde no está suficientemente justificada la amenaza.