Antes de que se cumplan 100 días el desprestigio del actual gobierno está alcanzando inimaginables cotas. No todavía entre la mayoría de los ciudadanos, pero sí entre los que tienen medios para analizar y valorar las declaraciones y las actuaciones del gobierno de Zapatero.
Lo cual no parece preocupar al PSOE y sus aliados, porque desde el principio decidieron que ellos iban a gobernar sólo para los que les habían votado y porque estaban dispuestos a aceptar el ofrecimiento –o la presión, según los casos– de los medios de comunicación afines para mantener esa posición, que estiman que no tendrá consecuencias electorales, porque operan sobre la base de que su apoyo popular cree ciegamente lo que se le dice desde el propio gobierno y desde esos medios, el más importante de los cuales es el que lidera Prisa. Y, aparentemente, confían en que el conjunto de los votantes de izquierda, una vez absorbida Izquierda Unida, más los de los nacionalistas –aunque sean separatistas, como PNV, EA y ERC– que se mantiene unidos por el odio a todo lo que representan las posiciones de centro, conservadoras y liberales y a la idea de España, será suficiente para mantenerles indefinidamente en el poder.
No creen que sigan existiendo esos dos o tres millones de votantes que se mueven en el centro político y que cambian su voto, o se abstienen, en función de cómo consideren que se ha gobernado y de lo que ofrecen los distintos partidos políticos para el futuro. Creen que ese grupo está ganado para su causa porque, en su análisis, el voto a su favor, el 14 de marzo, se produjo porque lograron convencerlos –para siempre– de que el anterior gobierno había mentido en relación con la autoría del atentado del 11-M. Tesis que ha salido malparada tras el empate en las elecciones europeas.
Su estrategia es seguir ahondando en la falsificación de la verdad y para ello han seleccionado, ahora, las cifras de gasto público del anterior gobierno, que dicen que esconden un déficit no declarado y que ellos expondrán. Y sorprendentemente para muchos, en este viaje acompañan a Zapatero los principales responsables económicos, Solbes y Fernández Ordóñez, que también sostienen que el anterior gobierno falsificó los resultados presupuestarios. Lo que es más llamativo, porque el engaño, o el error, no son admisibles en el caso de Solbes, que en su anterior puesto en la Comisión europea, como responsable directo de Eurostat, participó en el procedimiento para elaborar los presupuestos.
Perdónenme los lectores por lo que sigue a continuación, que es una explicación, organismo por organismo, de las entidades administrativas, más importantes cuantitativamente, que tienen facultades e independencia para gastar y endeudarse con fondos presupuestarios y, en muchos casos, al margen de los presupuestos del conjunto de las administraciones públicas. Analizaremos la deuda en que han incurrido y su conocimiento público o no, y su aprobación, o no, por Eurostat, el órgano europeo encargado de analizar y aprobar las cuentas públicas de todos los países de la Unión Europea. Organismo clave para garantizar que se cumplen las disposiciones supranacionales europeas sobre déficit y endeudamiento público, que acaban de ser ratificadas, por cierto, por el tribunal de Estrasburgo, y que ha anulado la decisión del Ecofin de no iniciar un procedimiento contra Francia y Alemania por déficit excesivo. Déficit que calcula Eurostat. Que, repito, estaba bajo el control de Solbes cuando los hechos que se relatan a continuación se produjeron.
Otra observación previa. Al tiempo que se aprobó la ley de Estabilidad presupuestaria se incluyó la constitución de un fondo para contingencias fiscales de 2.200 millones de euros para el ejercicio 2003 (el 2% del techo de gasto) en el que cupieron, holgadamente, los gastos imprevistos que tuvieron lugar en ese año.
1.- Para empezar, los presupuestos del conjunto de las Administraciones públicas en España, y su nivel de endeudamiento, son datos públicos, aprobados por los órganos legislativos competentes cada año. En 2003, se logró un superávit fiscal agregado en torno al 0,3% del PIB (2.200 millones de euros) y el nivel de deuda pública en relación al PIB se situó en el 50,8%, frente a casi el 70% en que lo dejó el PSOE al finalizar su gobierno en 1996.
2.- Hay una serie de organismos públicos que llevan a cabo obras de infraestructuras y que, posteriormente, venden al sector privado (bien al público directamente, bien a empresas privadas) los servicios resultantes de dichas inversiones, sobre las que Eurostat tiene que decidir si el endeudamiento en que se incurre, –habitualmente–, o el gasto, si no hay endeudamiento para financiar dichas inversiones, tiene carácter público y debe aparecer, en consecuencia, como gasto de la administración correspondiente y afectar tanto al cálculo del resultado presupuestario –y, en consecuencia, en la mayoría de los casos, aparecer como déficit público-, como al endeudamiento global del conjunto de las Administraciones Públicas o puede aparecer como operación financiada desde el presupuesto, normalmente a través del capítulo VIII.
3.- El criterio que utiliza Eurostat es aceptar, o determinar, qué porcentaje del gasto incurrido por esos organismos se va a recuperar por ventas al sector privado. Si es superior al 50% el gasto y el endeudamiento se consideran privados; y públicos en caso contrario.
4.- Pero Eurostat va más allá y analiza, caso por caso, cada inversión, con los responsables de cada país antes de decidir cómo debe contabilizarse ese gasto y ese endeudamiento. En el caso de España, a finales de 2003 –como todos los años anteriores-, se mantuvieron reuniones con Eurostat por parte de una delegación española compuesta por miembros de la Intervención General del Estado, del Instituto Nacional de Estadística y del Banco de España.
5.- Los casos más importantes analizados, y decididos, fueron los correspondientes a los gastos e inversiones de los siguientes organismos:
RTVE
AENA
RENFE
GIF
Organismos creados por las autonomías para invertir, tales como MINTRA (Madrid) y GISA (Cataluña), así como los correspondientes a Valencia, Andalucía y Galicia, entre otros.
6.- El caso RTVE
El gobierno español propuso y Eurostat aceptó que toda la deuda acumulada por RTVE, alrededor de 7.200 millones de euros, debía convertirse en deuda pública y tenía que contabilizarse como tal y que el déficit correspondiente a 2003, -más de 600 millones de euros-, y los que posteriormente se produjeran, eran gasto público y deberían contabilizarse como tal.
Y así lo hizo el gobierno anterior, que sumó al endeudamiento del estado esos 7.200 millones de euros y anotó como gasto del ejercicio el déficit correspondiente a 2003, lo que fue posible, presupuestariamente, porque RTVE se consideró como organismo autónomo y como tal integrado en el presupuesto del estado y porque había margen suficiente para ello.
7.- El caso AENA
Las inversiones de este organismo, son, en general, la construcción, puesta al día y el mantenimiento de aeropuertos. Sus inversiones y las del resto de los organismos públicos que no son el estado, y no aparecen directamente en los presupuestos, son aprobados por el Consejo de Ministros y publicados posteriormente. El documento en el que se aprueban se denomina genéricamente PAIF (“Proyecto Anual de Inversiones y Financiación Planificadas”).
En el caso de AENA la deuda total contabilizada a finales de 2003 era de 2.700 millones de euros. Y se esperaba un aumento importante durante 2004, hasta 5.000 millones. Eurostat consideró que debía ser contabilizada como deuda privada, porque más del 50% espera recuperar vía ventas de servicios a compañías privadas ligadas al sector de la aviación; facturadas mediante tasas que se preveía subir, por otra parte.
8.- El caso RENFE
RENFE debe, en su conjunto, alrededor de 7.000 millones de euros. De esta cantidad, 3.500 millones corresponden a deuda ya existente en 1996 y el resto, 3.500 millones, a deuda incurrida desde esa fecha hasta finales de 2003. El anterior gobierno presentó, y el congreso aprobó, una denominada “ley ferroviaria” durante 2003, para hacer frente a ese endeudamiento y a otro que pudiera producirse en el futuro como consecuencia del desarrollo del ferrocarril convencional. Un aspecto básico de la ley fue dividir el endeudamiento –y el gasto e inversiones anuales futuras– entre la construcción de infraestructuras y la compra de material rodante. En cualquier caso, Eurostat aprobó el criterio propuesto por la ley, y mantuvo que todo el endeudamiento hasta ese momento podía considerarse como público.
Pero esos criterios no se han aplicado, porque el actual gobierno ha derogado la ley con lo que, en principio, se libra, este año, de recalificar la deuda y el gasto; probablemente el objetivo no transparente que perseguía. El anterior gobierno había previsto también transformar RENFE en un organismo autónomo y traspasar al GIF una parte importante de las inversiones en infraestructuras. No ha sido posible; la transparencia del PSOE se ha llevado todo por delante, también aquí.
9.- El caso del GIF
Se trata del ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, constituido para llevar a cabo las inversiones en las líneas y trenes de alta velocidad. Su deuda, a finales de 2003, era irrelevante, porque se financia presupuestariamente con cargo al capítulo VIII de los presupuestos, pero se trataba de una deuda que esperaba recuperarse. Eurostat consideró toda la deuda como privada. Aunque los propios representantes españoles tenían dudas en función de la inversión de que se tratara. No tenían ninguna duda en relación con la línea Madrid-Barcelona –la responsable en ese momento del grueso de la deuda– ni de la eventual de Madrid-Valencia y de la extensión a Málaga. Pero tenían dudas respecto a la posibilidad de recuperar, vía ventas, las inversiones correspondientes a otros destinos del tren de alta velocidad. Dudas que debería corroborar, o eliminar, el equipo económico del actual gobierno. Estaremos expectantes aunque, probablemente, y en las mejores de sus tradiciones, este gobierno socialista paralizará la mayoría de las inversiones.
10.- Los organismos inversores de las autonomías
Nada ha dicho el PSOE de las inversiones de estos organismos, las más importantes de los cuales son los correspondientes a Madrid (MINTRA), que es quien ha construido, entre otras obras, la ampliación del metro, ni de GISA, el organismo catalán que empezó a hacer obras públicas bajo esa forma de organización empresarial. Y, sin embargo, aquí, las dudas son muy grandes. Dudas por parte del anterior gobierno, de los representantes españoles que negociaron con Eurostat y de la propia Eurostat.
En efecto; en el caso de Madrid ¿es razonable pensar que Metrosur, diseñado como vía circular uniendo poblaciones del sur, –en contra del criterio de los consultores públicos que intervinieron en la etapa de diseño, que preferían líneas distintas, dos o tres, uniendo esas poblaciones a Madrid capital–, es razonable, repito, que se vaya a recuperar más del 50% de la inversión con la venta de billetes? Será difícil; pero es un buen ejemplo del tipo de gasto público en el que está dispuesto a incurrir el actual alcalde de Madrid si piensa que políticamente la inversión le favorece. Aunque el criterio técnico y económico fueran radicalmente opuestos. De hecho, el anterior gobierno nacional proponía clasificar la deuda de MINTRA como pública, engrosando la deuda de la Comunidad de Madrid. Ésta, sin embargo, se opuso a esa recalificación y logró convencer a Eurostat. Pero Eurostat puede volver a cambiar de criterio, en función de cómo evolucionen los ingresos de Metrosur por venta de billetes y obligar a Esperanza Aguirre –otro regalo envenenado de Ruiz Gallardón– a ver cómo aumenta la deuda de la autonomía y se cercenan las posibilidades de hacer nuevas inversiones en otros sectores. Por cierto, no me gustaría estar en la piel económica del alcalde que suceda al actual de Madrid.
Consideraciones semejantes pueden hacerse en relación con muchas de las obras de GISA, el organismo creado por la autonomía catalana que, por cierto, fue el primero de su especie en España. E igualmente pueden, y deben, analizarse, las inversiones de otras autonomías a través de este tipo de organismos. Y es obvio que las más importantes son las de Valencia, Andalucía y Galicia. Pero también las de las dos Castillas.
¿A alguien le sorprende que Solbes, Fernández Ordóñez y Zapatero no mencionen siquiera estos casos? No hay que olvidar que el gobierno del PSOE depende del tripartito catalán, que está dispuesto a exigir trasparencia al PP, pero que emborrona sus actuaciones.
Al margen de los temas ya analizados, hay otros que merecen la atención, si de verdad nos preocupa la transparencia de las cuentas públicas.
El primero es el de las cuentas públicas de 2004. El gobierno del PP aprobó unos presupuestos holgados, que permitían hacer política de gasto al gobierno que saliera de las urnas, y que el PP esperaba que fuera presidido por Mariano Rajoy. Por ello, al margen de subestimar los ingresos públicos, se aprobó, como en 2003, un fondo de contingencia, para hacer frente a gastos imprevistos, del 2% del techo de gasto, de 2.400 millones de euros. El presupuesto no incluía específicamente un acuerdo con la autonomía andaluza para resolver los contenciosos pendientes, pero el gobierno anterior había ofrecido a Chaves, y éste, entre vacilaciones, había rechazado 2.300 millones de euros, porque exigía más de 3.500 millones. Finalmente, con el nuevo gobierno socialista Chaves aceptó 2.500 millones de euros para saldar la adaptación al régimen común de financiación autonómica de la autonomía andaluza. ¿Cómo contabilizarlos? El anterior gobierno se proponía pagarlo en cuatro años. El actual ha optado por pagar los 2.500 millones de euros de una vez. Obviamente por el deseo de demostrar, torticeramente, que el actual presupuesto está mal confeccionado. Al margen de este tema puntual, y a pesar de que, como se esperaba, los ingresos fiscales crecen más de lo presupuestado, empieza a extenderse la impresión de que el gasto público ya se ha descontrolado y que el déficit de 2004 puede ser relativamente importante.
Un segundo tema merece nuestra atención. El anterior gobierno solicitó, a finales de 2003, al Fondo Monetario Internacional un análisis externo de nuestras cuentas públicas, para que dicho organismo emitiera lo que se denomina un ROSC, un Report on the observation of standards and codes on fiscal transparency, es decir, un análisis de la transparencia fiscal, una auditoría externa, especialmente conveniente cuando acababa de entrar en vigor la nueva ley de estabilidad presupuestaria, que obligaba a las autonomías y al resto de la administración al equilibrio. Y ese puede ser el último punto que utilice el actual gobierno para falsear la realidad. Decir que en 2003 las comunidades autónomas no cumplieron con sus obligaciones legales y que su déficit fue mayor del que se suponía. Aunque el actual gobierno no lo explicará, lo que está previsto en dicha ley es que si se produce un déficit –que, por cierto ya ha autorizado el transparente y riguroso Solbes a Cataluña– las autonomías incumplidoras están obligadas a presentar un plan para recuperar la estabilidad. El actual gobierno, en el caso de Cataluña, en lugar de pedir un plan de reequilibrio le autoriza el déficit. Y si es necesario se lo ampliará. En esto consiste la transparencia de la parte más seria del gobierno.
Recordemos que Solbes era el responsable de Eurostat, recordemos que regañaba al gobierno del PP porque el gasto en pensiones era excesivo y ponía –en su opinión– en riesgo todo el sistema público y recriminaba al Gobierno por la falta de libertad en los horarios comerciales y por la rigidez de los convenios colectivos. Cosas veredes.