El precio del petróleo está que arde. Al mismo tiempo, y quién sabe si producto de las altas temperaturas del verano, el pasado 21 de julio los fiscales generales de ocho estados de los EEUU –California, Conecticut, Iowa, New Jersey, New York, Rhode Island, Vermont y Wisconsin- decidieron echar más leña al fuego y firmaron una demanda contra las cinco grandes compañías eléctricas de ese país. Esta acción, lejos de ayudar a la bajada en el precio del oro negro, está animando la especulación sobre futuras subidas. Aún siendo desafortunadas para nuestros bolsillos, hay quienes piensan que existen motivos fundados para la denuncia y que, en justicia y, por lo tanto en un sentido práctico general y de largo plazo, la decisión de esos ocho estados es acertada.
Sin ir muy lejos, a este lado del Atlántico la Unión Europea asiste con admiración al atrevimiento de los fiscales. En España, por poner el ejemplo cercano, el Imperio PRISA dedica las más distinguidas y oficiales páginas de su panfleto matutino a alabar la denuncia. A juzgar por el enorme apoyo mediático a la demanda y por la autoridad de los demandantes, uno tiende a pensar que esas compañías han debido usar seres humanos como combustible fósil o haber cometido otro crimen de similar crueldad. Sin embargo, ni siquiera se les demanda por producir sustancias ilegales y claramente perniciosas para la salud. Su único delito es emitir dióxido de carbono, la sustancia para cuya emisión han sido diseñadas y autorizadas sus plantas de producción de energías fósiles. Una vez más la excusa consiste en que dichas emisiones ayudan a provocar el supuesto calentamiento global del planeta.
La demanda no deja de ser un extraño gesto de agradecimiento por parte de esos ocho estados hacia unas empresas que día tras día contribuyen enormemente el alto nivel de vida que hoy disfrutan sus ciudadanos y gracias a las cuales las propias administraciones públicas despliegan su poder burocrático - poder que hoy usan para tratar de expoliar a sus proveedores de electricidad.
Resulta una triste ironía que se presente justo cuando los resultados de dos grandes investigaciones sobre el cambio climático, realizadas por las universidades de Rochester y de Virginia, salen a la luz y echan por tierra las dos únicas y débiles coartadas que aún le quedaban a los defensores de las tesis del cambio climático provocado por la actividad del hombre. La primera muestra que a pesar de que los modelos informáticos predecían que el calentamiento sería mayor a altitudes superiores, los datos reales se empeñan en contradecirlos. La segunda investigación pone en evidencia la poca fiabilidad de los datos recogidos a faz de tierra que parecían evidenciar una senda de calentamiento y que, sin embargo, son desmentidos por los datos menos alterables y mucho más fiables de los globos meteorológicos y los satélites, que no reflejan ningún calentamiento digno de mención.
Estas dos investigaciones no hacen sino confirmar lo que miles de científicos de todo el mundo venían repitiendo insistentemente: que la razón y la ciencia no apoyan la existencia de un calentamiento global del planeta y que las medidas irracionales contra la industria pueden causar daños irreparables para el ser humano y su hábitat. Este punto de vista quedó plasmado en la declaración de Heidelberg, firmada por más de 4000 científicos entre los que destacan 72 premios Nóbel, frente a la opinión de los ecologistas, menos cualificada pero privilegiada por el favor de una mayoría de la profesión periodista.
Fred Singer o Michael Krauss, científicos de reconocido prestigio en esta materia, escribían recientemente en el Wall Street Journal que si el proceso contra las compañías eléctricas sigue adelante podrá convertirse en el escaparate que muestre al público el gran fraude de la teoría del cambio climático provocado por el hombre y las falsas acusaciones que contra el modelo de sociedad industrial capitalista lanzan los ecologistas y, ahora también, los fiscales generales. Sin embargo, en los tiempos que corren todo es posible en el campo de la justicia. Basta con que el juez se considere un defensor de la “justicia social” para que cualquier denuncia, por descabellada que sea, tenga posibilidades de tener éxito. Desgraciadamente, la ciencia basura puede haber encontrado en la justicia contaminada un nuevo aliado en su marcha irracional contra la civilización y el ser humano.
Gabriel Calzada Álvarez es representante del CNE para España.