Desde que el Partido Socialista ganó las elecciones en el malhadado mes de marzo, no hay declaración oficial, oficiosa o, simplemente, declaración sin más que no pase por la redacción de El País antes de que los españoles se enteren. Dicen que al presidente Zapatero le encanta este diario, que incluso conoció a su mujer, Sonsoles, mientras lo leía allá por los combativos años setenta. Muy bonito, pero de ahí a utilizarlo como portavocía semioficial del Ejecutivo hay una distancia considerable, la que separa las naciones serias de las repúblicas bananeras. Zapatero parece tenerlo claro... por las segundas.
La exclusiva gubernamental que nos sirvió ayer el país fue la decisión de Zapatero de convertir al Senado en una cámara verdaderamente territorial otorgándole la capacidad de vetar las leyes del Gobierno. Sin embargo el Senado ya es una cámara territorial. La Constitución no presenta ambigüedades en este aspecto, su artículo 69 explicita que "El Senado es la Cámara de representación territorial", y sus funciones están perfectamente delimitadas en este particular. Autoriza los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas, vigila que las Comunidades respeten la Ley de leyes, y se encarga, entre otras cosas, de dotar, distribuir y regular el Fondo de Compensación Interterritorial. Casi nada.
Lo que trae bajo el brazo Jordi Sevilla es, en primera instancia, abonar la confusión sobre el papel de nuestra Cámara Alta para, acto seguido, colocar una bomba de relojería bajo su Reglamento. Si esa "reforma necesaria" llega a realizarse desaparecería el Senado tal y como lo conocemos. Por un lado dejaría de representar a la ciudadanía para convertirse en un abstruso instrumento en manos de unas Comunidades Autónomas con derecho de veto sobre cualquier Ley salida del Congreso de los Diputados. Sorprendente pero cierto, la Nación dejaría de gobernarse como hasta ahora y pasaría a depender de las "nacionalidades históricas" y sus "hechos diferenciales".
Desde el ministerio de Administraciones Públicas han matizado que tal veto sería restringido, es decir, que tan sólo podría aplicarse a aspectos tales como la lengua, la cultura (sic), la insularidad, y los derechos civil y foral. Todo esto está ya amparado por la Constitución y, como es de imaginar, cualquiera de los puntos puede constituir la coartada perfecta para que una minoría insignificante, pero autolegitimada como estandarte de unos más que discutible hechos diferenciales, tenga una Ley paralizada en las cámaras hasta el día del juicio final.
Otro de los puntos calientes que trae aparejada la deformación a la que el Gobierno quiere someter al Senado es el relativo a la representación de sus miembros. Ya no lo harán a título de su grupo parlamentario sino como miembros de grupos autonómicos. De este modo la Cámara Alta pasaría a ser una sopa de letras tal que eternizaría las sesiones hasta el infinito. Un hipotético grupo parlamentario vasco, por ejemplo, englobaría a populares y a filobatasunos y uno catalán a republicanos de Esquerra y monárquicos de Piqué. De locos. El grupo parlamentario madrileño estaría formado por los tres partidos que tienen presencia en el Senado y a los que se les presume afinidad de objetivos por pertenecer sus senadores a una misma región.
En Alemania ya se implantó hace tiempo esta organización del Bundesrat y sus resultados han sido un dolor de cabeza tras otro para los miembros de la Cámara Baja o Bundestag. Aún así, Alemania es un estado federal y España no aunque el PSOE siga fintando con eso de que su partido es como España, y si los socialistas se organizan por federaciones regionales –que se tiran los trastos a la cabeza las más de las veces– no necesariamente hemos de diseñar el Estado a su imagen y semejanza.