En las economías estatalizadas a menudo surge el dilema de quién debe suministrar un bien, si el gobierno o el mercado. En el mercado se paga por los bienes lo que valen. Por eso a la mayoría le gusta más que sea el gobierno el proveedor, así frecuentemente son otros los que pagan por los bienes que ellos consumen.
El gobierno establece precios políticos y suele subsidiar una parte del servicio, se trate de teléfonos, agua, luz, seguridad social, combustibles. Así se crea dependencia y el engaño de la gratuidad, como la educación gratuita.
Pero uno de los problemas de tratar de vivir a costa del gobierno es que éste no tiene dinero propio. Todo lo que gasta y distribuye lo debe sacar previamente a la gente a través de los impuestos. El sueldo que paga al empleado público es el sueldo que hubieran tenido dos o más trabajadores del sector privado. El gobierno da a entender que saca dinero a los ricos para darles a los pobres. Pero en realidad les quita dinero a todos y se queda con una buena parte, en incluso, a menudo, les quita a los pobres para darles a los ricos. Por ejemplo, cuando prohíbe la importación de azúcar para proteger a los industriales a costa de los pobres.
El otro problema es que tarde o temprano la gente termina viviendo como siervos de los gobernantes. El empleo público y la asistencia social a los pobres no son sino una fuente de votos cautivos, una soga al cuello de la gente.
El mercado libre nos enfrenta con el precio real de las cosas. Si no nos gustan los precios no debemos culpar a los empresarios, sino a la gente común, pues son las personas actuando libremente las que deciden los precios, salarios, tasas de interés. La decisión de los consumidores de comprar o no un producto o "bien privado" determina no sólo su precio, sino también el salario de las personas que trabajan para producirlo y las utilidades empresariales.
Solamente el gobierno puede suministrar los llamados "bienes públicos", como la justicia que se extiende a todas las personas. La seguridad pública (policía) sirve a todos y todos pueden disfrutar del servicio al mismo tiempo. No se puede excluir del servicio a los que no lo pagan. Lo mismo se aplica a la defensa nacional, alumbrado público y aquellos bienes en los que es muy difícil la competencia. Por su naturaleza, en los bienes públicos no interesa la eficiencia, sino la transparencia. Es absurdo hablar sobre la rentabilidad de la policía.
El interés general requiere, por tanto, que todos los demás bienes y servicios se provean en mercados competitivos. La libre competencia tiende a lograr el máximo bienestar social, al obligar a los productores a ofrecer a los consumidores los mejores productos y servicios al menor precio, innovando incesantemente. Las empresas son rentables únicamente si producen bienes valorados por la gente y las más exitosas son las que mejor sirven las necesidades de los consumidores. La competencia asegura la asignación de los recursos de una sociedad del modo más eficiente posible.
En tanto el gobierno no limite la competencia poniendo trabas y aranceles al comercio internacional u otorgando privilegios a algunos productores, ningún empresario podrá subir los precios a su antojo o explotar a sus trabajadores. Ello sólo ocurre cuando los que mandan son los productores pocos competitivos, pero amigos de los gobernantes, que reciben subsidios a costas de los consumidores. En cambio, la competencia obliga a los empresarios a beneficiar a los consumidores bajando continuamente sus precios y a mejorar la productividad elevando los salarios. La alternativa es la quiebra.