Tras días de movilización en los que no han faltado capítulos de violencia en protesta contra la decisión de la SEPI de privatizar los astilleros civiles de Izar, los sindicatos han obtenido este domingo en Bilbao un compromiso verbal del presidente de Gobierno para mantener el carácter público de los astilleros y dotarles de carga de trabajo inmediata.
Aún está por ver en qué se concreta este genérico y claudicante compromiso de Zapatero, quien no ha dudado hacer de la vulnerabilidad a las presiones sindicales otro orgulloso rasgo de su “talante”. Sin embargo, visto su anuncio dominical de no tomar medida alguna sin el consenso de los sindicatos, y vista la radical exigencia de estos a no renunciar en ningún caso al carácter público de los astilleros, la “solución” de ZP difícilmente puede pretender ser otra que la de insistir en la que se ha venido aplicando desde hace décadas y que, en realidad, está en el origen del problema. A saber, el carácter público de los astilleros y su dependencia del dinero de los contribuyentes.
El hecho incontrovertible es que los astilleros públicos españoles no son capaces de mejorar la relación calidad-precio que ofrece la producción naval proveniente de otros países como China, Japón o Corea. Esta falta de competitividad de nuestro sector naval acarrea pérdidas millonarias que son sufragadas a cargo del contribuyente. Una resolución de la Comisión Europea ha declarado ilegales las ayudas otorgadas a los astilleros españoles a partir de 1999, y exige su devolución. Se trata de un total de 1.100 millones de euros, que Izar no está en condiciones financieras de afrontar, más aun si tenemos presente que actualmente sus pérdidas se cifran entono al medio millón de euros diarios.
Aunque en el inconcreto anuncio dominical de ZP no ha faltado su disposición a mantener una “negociación fuerte” con la UE, lo máximo que el Gobierno puede encontrar en Bruselas, es la posibilidad de seguir eludiendo el problema, no de resolverlo. Está por ver, por otra parte, que la UE vuelva a tolerar unas subvenciones públicas que de forma tan notoria violan la normativa comunitaria sobre la competencia.
No somos insensibles —todo lo contrario— al impacto de los ajustes que deberían sufrir los trabajadores y sus familias, pero esto no legitima ni las violentas manifestaciones que han protagonizado ni tampoco su pretensión de que el bolsillo del contribuyente siga siendo la vía de escape para no tener que afrontar —y, por tanto, solucionar— el problema. Téngase en cuenta, además, que el plan propuesto por la Sepi amortiguaba en gran medida el impacto de la realidad sobre un sector que ha sido ajena a ella por culpa de su dependencia pública: Si se observaba la privatización y las reducciones de plantilla, también contemplaba un plan privilegiado de jubilación anticipada y bajas incentivadas que se complementaba con la utilización del suelo excedente para la puesta en marcha de nuevas actividades industriales, todo ello unido a planes de formación para personal excedente.
En cualquier caso, el futuro de las empresas se debe basar en lograr contratos con sus clientes y no en perpetuar los mandatos a los contribuyentes. Parece, sin embargo, que ZP ha optado por mantener el statu quo y proseguir en su huida hacia delante.