Paraguay parece detenido en el tiempo. La invasión de tierras por bandas de campesinos que tiene en zozobra al país es un problema del pasado. Los “sin tierra” creen que el derecho a la tierra supone el derecho a usurparla. La pretensión misma de arraigar a los campesinos a la tierra expresa la nostalgia y el romanticismo de viejas utopías en desuso. Pero el problema no es la falta de tierras sino la dilatada recesión y el alto desempleo. La invasión aleja la inversión, destruye empleos, crea escasez y promueve nuevas invasiones en un círculo vicioso.
La Constitución protege la propiedad privada: la declara inviolable, es decir, “no invadible”. Si la misma también reconociera el derecho a usurparla, como asegura la izquierda, se derrumbaría el estado de derecho y en lugar de la ley y el orden reinarían el caos y la violencia. Cada cual podría hacer justicia por mano propia, y sacar a uno lo que le pertenece para dar a otro. La defensa de la propiedad está en el origen del estado de derecho. La propiedad mueve a las personas a tratarse con respeto y dignidad y actuar responsablemente.
Los derechos a la tierra, a la casa propia, a un empleo digno, etc., que garantiza la Constitución, significan que las personas pueden comprar y disponer libremente de sus tierras y casas, pero no que puedan invadir propiedades ajenas o forzar a otros a cederle lo suyo. El derecho a un empleo, no significa que alguien tenga que ser despedido para que otro tenga un trabajo. El derecho a la felicidad implica que todos tienen derecho a buscar la felicidad, no a que otras personas tengan la obligación de darles la felicidad.
El problema de los sin tierras no deviene de la falta de políticas agrarias que existen desde 1905. En las últimas cuatro décadas, la reforma agraria repartió a los agricultores más de 11 millones de hectáreas sin mejorar un ápice la condición de los campesinos. Sólo progresaron los funcionarios encargados de repartir las tierras. Un nuevo reparto de tierras no hará sino perpetuar el problema. Además, son raros los campesinos que quieren ser agricultores y pocos salvarían un examen de agricultura básica.
Los sin tierras son el resultado del largo estancamiento del país. De haber crecido la economía, la población rural no sería hoy el 40%, sino la mitad de eso o menos, como en otros países. Los campesinos se habrían urbanizado con empleos en los servicios, manufacturas, industrias. La calidad de vida habría sido bastante más elevada y la agricultura de subsistencia hubiera desaparecido. La tierra sería trabajada por empresas agrícolas. En países desarrollados menos del 5% de la gente vive en el campo.
La solución no está en repartir parcelas de cultivo a personas sin capital ni tecnología, en zonas sin acceso, agua, servicios de salud, educación y seguridad. La tierra es una parte ínfima de la inversión necesaria en una explotación agrícola. La solución está en establecer las condiciones para un acelerado crecimiento económico que origine suficientes empleos para los desocupados del campo.
Pero para hacer crecer al país no se precisa una política de desarrollo como quieren los estatistas. Ningún pueblo ha progresado en base a ello. La Unión Soviética, en 70 años de planes quinquenales rigurosos, no logró el desarrollo agrícola en sus granjas colectivas, sino hambrunas que diezmaron a millones. Lo mismo en la China de Mao, hasta que Deng introdujo derechos de propiedad privada en las tierras estatales.
El desarrollo no se planifica en las oficinas públicas o en las legislaturas, sino que se realiza en las fábricas, comercios y mercados. Los productores comprando y vendiendo libremente son los únicos que pueden impulsar el desarrollo. A los gobiernos sólo les cabe liberalizar y crear el marco legal que favorezca a la producción. Lo esencial es dar las máximas garantías a la inversión.
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