El segundo núcleo de problemas que se deberían aclarar antes de poner manos a la obra de una reforma constitucional en España es el que se refiere a los contenidos esenciales de la constitución democrática. Parece que la casi totalidad de los ciudadanos admite que la constitución ha de ser democrática; que la democracia, con sus correspondientes exigencias prácticas, es el principio inspirador de toda la constitución tanto en la parte dogmática como en la orgánica. ¿Dónde está el problema? Precisamente en lo que entendemos por democracia y su traducción institucional.
Por diversas razones —todas ellas interesadas— no está claro qué significa «democracia». Tan no está claro que la palabra ha requerido siempre un adjetivo cuándo se pretende concretar su significado inicial: gobierno del pueblo. Democracia antigua fue el sistema político inventado por las ciudades griegas y hoy podemos decir, según nuestros esquemas, que no era una democracia sino una aristocracia ampliada. Democracia popular fue el sistema político de los regímenes socialistas del Este de Europa y siempre dijimos los que no vivíamos en esos regímenes y no éramos socialistas que no era una democracia sino un régimen de partido único. Democracia orgánica fue un término usado por el franquismo para designar su sistema político y... sobran comentarios. ¿Y la democracia que vivimos en el Occidente europeo y en los países de esa cultura occidental? Es la democracia liberal, es la democracia que nace una vez que los principios liberales están suficientemente admitidos en la cultura política y se da un paso ulterior con la instauración de los sistemas de participación de todo el pueblo a través de la elección de sus representantes. Conviene tener esto presente para saber de qué estamos hablando y no ceder a quienes nos quieren dar gato por liebre, porque un análisis de los discursos de algunos personajes de la actualidad política española nos demuestran que no están operando con las pautas propias de la democracia liberal.
La democracia del Occidente europeo se funda en un sistema de libertades de la persona, reconocidas por el Estado, el cual a su vez, para que esas libertades queden garantizadas, queda formal y orgánicamente limitado. Aquellas libertades y estos límites son el contenido esencial de la constitución democrática. En el Occidente europeo el Estado, por muy democrático que sea, no es absolutamente soberano.
Hay, por tanto, dos grandes temas que los españoles deben tener bien definidos antes de entrar en una reforma constitucional: el sistema de libertades y la limitación del Estado. Hay agujeros negros en ambos temas, algunos de ellos muy preocupantes porque, a imitación de los agujeros negros astronómicos, devoran la luz que llega hasta ellos.
En nuestra constitución tenemos una muy elaborada definición del sistema de libertades y derechos. Pero no podemos contentarnos con las expresiones; es necesario saber lo que en realidad significan. Hay que debatir y definir las exigencias de esas libertades para que no nos den gato por liebre. Por ejemplo, la libertad-derecho a la información, la libertad-derecho de los padres a elegir la lengua entre las españolas en la que quieren la educación de sus hijos, la libertad-derecho a expresar las opiniones... ¿Están hoy plenamente vigentes estas libertades en todos los rincones del Estado español? ¿Cuáles son las consecuencias de la no vigencia de alguna o algunas libertades? ¿Puede seguir funcionando la dinámica política como si no pasara nada? Si un profesor es agredido o amenazado en una Universidad, ¿puede seguir funcionando esa institución como si no pasara nada? Quienes dieran una respuesta positiva, aunque envuelta en lamentaciones, estarían demostrando que en el fondo no les interesa el sistema de libertades, no les interesa una constitución liberal, no son demócratas liberales.
La limitación del Estado es el reverso de la moneda donde están acuñadas las libertades: en la medida en que afirmamos una libertad limitamos el Estado. Pero la imaginación política ha inventado mecanismos para garantizar la vigencia de las libertades-derechos. Es el famoso principio de la separación de los poderes. Un principio sobre el que hay que dejar claras sus consecuencias, sobre todo desde Alfonso Guerra, secundado por el PSOE, anunciara la muerte de Montequieu, ignorando que antes del francés lo había defendido Locke. Con tanta clarividencia reflexionó Locke sobre este problema que llegó a admitir que la libertad podría mantenerse incluso con la fusión de los poderes ejecutivo y legislativo —anticipo del parlamentarismo moderno— siempre que al menos estuviera garantizada la independencia del judicial. Todos sabemos que esta independencia no está garantizada en el actual sistema político español. Es una incoherencia de fondo, aunque se disfrace con la piel de la más fina fórmula jurídica.