El próximo martes, el presidente del gobierno subirá a bordo del portaaviones español Príncipe de Asturias, para un corto cabotaje por las aguas de la bahía de Cádiz. Su propósito: dar a conocer la nueva directiva de defensa nacional (DDN) que le ha preparado el equipo de su ministro de defensa, José Bono. A Zapatero le debió gustar la imagen del presidente Bush a bordo del USS Abraham Lincoln en uniforme de piloto de combate en 1 de mayo cuando dio por terminadas oficialmente las operaciones ofensivas en suelo iraquí.
El problema es que el presidente español, aún con la gorra de comandante de la nave que le regalen, no puede ofrecer ningún mensaje claro. Por lo que el Ministerio de Defensa ha filtrado ya a la prensa, la nueva DDN se basa en dos principios claves del zapaterismo: ninguna misión militar en el extranjero sin previa aprobación por las Cortes; y dos, ninguna acción militar sin el respaldo explícito de las Naciones Unidas.
Los militares españoles que siempre se han considerado por encima de las diferencias de los partidos políticos y del color del gobierno de turno, siempre han aspirado a contar con el máximos respaldo de una institución a la que, tras muchos años e intentos de denigrarla, han acabado por sacralizar, las Cortes. Para los mandos de nuestras Fuerzas Armadas tener el pleno respaldo de los legítimos representantes de la soberanía nacional, les sirve de gran empuje. Posiblemente porque no sepan cómo se hacen y deshacen los consensos en los despachos y pasillo del Congreso o el Senado. Someter a votación una actuación en el exterior, en tiempos de ruptura del consenso básico, es la mejor fórmula para que no se haga. El PP cometió el error de autorizar conjuntamente el envío de tropas a Afganistán y la misión de Haití, pero podría muy bien haberse opuesto a esta última. Y si así hubiera sido, ¿qué habrían hecho los militares? Obedecer al gobierno, que es su obligación. Con o sin respaldo parlamentario. Otra cosa es que el gobierno se escude en la ausencia de una amplia mayoría para no hacer nada. Que es lo mis que ocurre con la petición expresa de obtener un mandato previo de las Naciones Unidas. Si no se logra eso, los militares, de acuerdo con la doctrina Zapatero, se quedarán en su casa.
Una Directiva de Defensa Nacional es un documento que por su naturaleza debe servir para dejar sentados los principios estratégicos por los que guiarse la planificación militar. Y en ese sentido cabe esperar de ella que defina el entorno estratégico en el que nos movemos, sus riesgos y promesas, dibuje los objetivos nacionales que alcanzar, estructure el esfuerzo global para lograr dichos objetivos y, finalmente, enumere las directrices estratégicas que sirvan de arranque para la directiva militar. Esto es, que intente poner en relación fines y medios.
El problema es que por su elaboración, en la Secretaría General de Política de Defensa, a cuyo frente se encuentra el almirante Francisco Torrente, la DDN no es tal en realidad, puesto que la defensa nacional no es algo exclusivamente militar o de defensa. Es mucho más, sobre todo ahora que tenemos tan clara la amenaza del terrorismo islámico. Es difícil imaginar cómo, por muy inteligente y sensible que se sea, se puede desde un tercer escalón de un ministerio sentar las bases de una política que por fuerza debe ser global, de toda la nación. Por algo la firma el Presidente y no el Ministro del ramo. Pero es que, además, si todo se acaba por reducir a la expresión de una filosofía política y a sentar las condiciones políticas de una intervención militar, de poco valor va servir para los planificadores el JEMAD y el EMACON.
Zapatero, por su afán de hacer lo que sea menos lo que hizo o haría Aznar, está conduciendo a un callejón sin salida a nuestras Fuerzas Armadas, paralizadas entre el mundialismo y el federalismo del actual presidente. Zapatero quiere darse un baño de multitudes navales el próximo martes. Pero lo que va a conseguir es marear a todo el personal.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos