El texto de la “presentación del proyecto de presupuestos generales del estado” para 2005, el llamado libro amarillo, parece copiado de la literatura del socialismo real, –coetánea con la propaganda nazi– afortunadamente desaparecido en casi todo el mundo. Todo él es una afirmación de que con estos presupuestos se hace frente a la baja productividad de la economía española, se impulsa decisivamente la investigación y el desarrollo y se hace frente al alto precio de la vivienda. Para, a continuación, exponer, con cifras, que ninguna de esas políticas tiene apoyo cualitativo ni cuantitativo en el propio presupuesto. No importa, se espera que los medios de comunicación afines, la mayoría, destaquen las bondades del proyecto.
En uno de sus párrafos se atreve a decir que “desde 1996 hasta 2003, la productividad creció sólo el 0,7% frente al 1,7% de promedio de los quince años anteriores”, es decir, los años de gobierno socialista. No dice que en esos quince años no se creó ningún puesto de trabajo y que la productividad creció en la medida en que el mismo número de ocupados producían un poco más, gracias a las nuevas tecnologías de las que nos hemos beneficiado la mayoría de los habitantes de la Tierra. Tampoco dice que el paro aumentó desde el 14% hasta el 24% de la población activa. Tampoco dice que desde 1996 a 2003 se crearon más de cuatro millones de puestos de trabajo y, a pesar de ello, creció la productividad un 0,7% anual. Tampoco dice que el Instituto Nacional de Estadística tenía que haber revisado la cifra del PIB español correspondiente a los últimos años y que, posiblemente, cuando lo haga –está obligado– resultará que tenemos un PIB superior en 5 puntos al que dan nuestras cifras oficiales, lo que significa que, también posiblemente, la productividad habrá crecido en los últimos cuatro o cinco años, el 1,7% anual. Como con los gobiernos socialistas, pero con casi cinco millones más de empleados.
Otra perla, fruto del debate parlamentario, es la afirmación del Sr. Solbes, según la cual el bienestar actual es consecuencia de la política económica de los distintos gobiernos españoles desde 1986. Al margen de la falsedad, lo llamativo es la exclusión de los años de política económica del Sr. Boyer, cuya buena gestión general, al margen de temas como Rumasa, que culminó en el llamado “decreto-ley Boyer” de 1985, permitió un crecimiento sano de la economía española durante tres años, hasta que el Sr. Solchaga destruyó las bases del sistema, al enfrentase personalmente a los sindicatos para, después, ceder en todo, gastar hasta que el Tesoro público entró en crisis de liquidez, reducir algunas prestaciones sociales, no por convencimiento, sino por falta de ingresos, e intentar luchar contra la inflación provocada por esa política de gasto con altísimos tipos de interés y la revaluación de la peseta, lo que terminó por destruir una parte sustancial del tejido económico español. El cinismo del Sr. Solbes se mejora a sí mismo cuando atribuye parte, al menos, de la actual situación de bienestar a esa política económica. Excepto que quiera decir que las reformas que tuvo que emprender Solchaga para reducir el gasto público, y que se centraron en la limitación de gastos excesivos y de derechos por desempleo y pensiones, sea la gran aportación de los años de gobierno socialista.