Argentina no pasó de ser uno de los países más ricos del mundo a formar parte de los países pobres de Sudamérica por casualidad, sino porque su dirigencia cayó en una fuerte degradación moral, cuyo caso más representativo fue Juan Domingo Perón, quien siendo presidente y estando casado, entre muchas otras cosas, "simpatizaba" con mujeres estudiantes menores de 17 años. Pero la degradación no solo abarca a los políticos, sino también a los dirigentes empresariales, particularmente a los banqueros en Argentina que se han convertido en verdaderos ladrones de guante blanco, y también a muchos jueces, incluyendo a los miembros de la actual Corte Suprema de Justicia. Esta acaba de dictar un fallo que significa la destrucción del sistema legal, la negación definitiva del sistema institucional argentino y, lo que es peor, la subversión del orden moral. En esta descomposición se maneja cómodamente el actual gobierno, conformado por muchos ex miembros activos de bandas terroristas.
Hagamos un poco de historia. En diciembre de 2001, el ministro Domingo Cavallo, a pedido de los bancos, confiscó los depósitos bancarios, en el peor robo de propiedad privada de la historia argentina. Luego de la salida de Cavallo, el nuevo presidente, Eduardo Duhalde –bajo cuyo mandato el PIB tuvo una caída récord de 20%–, en enero de 2002 dispone la "pesificación" de los depósitos bancarios, es decir, la transformación de los dólares depositados en pesos, pero ni siquiera al cambio real (casi 3 pesos por dólar), sino a 1,40 pesos por dólar, más un coeficiente de actualización por inflación.
Ajustándose a derecho y a las más elementales normas morales (la propiedad es un derecho natural) en febrero de 2002 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la confiscación efectuada por Cavallo. En marzo de 2003, en otro fallo razonable, la Corte declaró inconstitucional la "pesificación" y ordena devolver los depósitos en su moneda original, en dólares. Estos fallos produjeron muchos comentarios, pero probablemente el más diabólico fue que si bien el fallo era moralmente válido, resultaba impracticable. Lo que en realidad sostenían es que la moral es impracticable en la nueva Argentina.
¿Es posible la devolución de los dólares? De los más de 60.000 millones de dólares depositados en los bancos cuando se confiscaron los ahorros, quedaron solamente alrededor de 15.000 millones; el resto fue retirado bajo presión por los ahorristas, a un peso devaluado en vez de dólares, perdiendo hasta el 70% de sus ahorros. Pero los estatistas no quieren que se actúe con la moral y con la ley.
La razón es que, en primer lugar, deberían venderse las propiedades del Estado y luego los bancos hasta donde sea necesario. Pero el Estado ni siquiera considera deshacerse de la cantidad incalculable de bienes que posee y los bancos no quieren afrontar pérdidas que podrían llevarlos a una merecida quiebra.
Luego, el sistema financiero debería desregularse, de manera que nuevas entidades puedan entrar a ocupar el lugar de los bancos quebrados y que quienes lo prefieran puedan trabajar con bancos en el exterior. Así, no sólo se restauraría el Estado de Derecho sino que se ayudaría a mejorar la economía, al provocar una disminución de la propiedad estatal y una desregulación del sistema financiero.
Pero la composición de la Corte Suprema no le gustaba al presidente Kirchner y reemplazó a jueces por sus secuaces. Así la nueva Corte convalidó la "pesificación", con la firma de los jueces Carlos Maqueda, Antonio Boggiano, Augusto Belluscio, Helena Highton de Nolasco y Eugenio Zaffaroni. Con esta resolución, el máximo tribunal no solo contradijo los fallos anteriores sino que revocó los fallos de innumerables tribunales inferiores.
En los considerandos del fallo se argumenta que el contexto económico, social e institucional que rodeó a las medidas no puede ser soslayado. En otras palabras, la ley y la moral dejan de ser objetivas para pasar a ser algo interpretado al antojo del juez de turno. Este fallo de la Corte destruye toda posibilidad de recuperación moral de la Argentina.
© AIPE
Alejandro A. Tagliavini es miembro del Departamento de Investigaciones de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE) de Buenos Aires.