Se quejan de que el país no crece, que no se abate significativamente la pobreza, que la gente no ahorra lo suficiente, que la banca no otorga suficiente crédito, que el medio ambiente se deteriora rápidamente, que no hay suficiente creación de empleos, que las empresas pierden competitividad frente a las de otros países y muchas quejas más. Se quejan y se quejan pero hacen realmente poco para solucionar los problemas raíz de sus quejas.
Nuestros nada ilustres legisladores mexicanos son un absoluto desastre; demuestran una y otra vez que ni el presente ni el futuro del país les importa. En el proceso de desarrollo económico ya se perdió una generación completa y, por la actitud de los congresistas, muchas más se perderán. Nuestros legisladores no entienden, o si lo entienden poco les importa, que el futuro del país está en juego, que o hacemos lo necesario para que el país entre rápidamente en una senda sostenida de desarrollo económico o perderemos la oportunidad de desarrollo que tiene México. Su rechazo a la última propuesta de reforma tributaria, que aunque no era la gran maravilla sí representaba un avance respecto de lo que ahora tenemos, nos muestra una vez más que lo único que les interesa, su único objetivo, es alcanzar el poder sin realmente importarles el costo en el que el país incurra. Ellos, los legisladores federales, actúan como si fuesen los enemigos de México.
México requiere de un marco institucional más eficiente para desarrollarse, pero los legisladores poco hacen para que lo tengamos. Es obvio que el país como un todo ganaría si se mejora el marco institucional, ya que ello mejoraría los incentivos que enfrenta cada uno de los agentes económicos, reduciría los costos de transacción, se lograría una asignación más eficiente de recursos y, en consecuencia, se alcanzarían mayores niveles de desarrollo y de bienestar.
Sin embargo, hay poderosos grupos de interés –empresarios, burócratas, campesinos, artistas, intelectuales "progres", etcétera– que se aprovechan de la ineficiencia del marco institucional vigente. Claramente está en el interés de estos grupos proteger sus rentas extraordinarias y de ahí su oposición a que se realicen las modificaciones legales y reglamentarias que podrían perjudicar esas rentas. Ante esto, uno podría suponer que el papel del gobierno, incluyendo naturalmente al Poder Legislativo, sería velar por el interés público reflejado en el bienestar de los consumidores y de ahí que tendrían que eliminar los privilegios con los que cuentan esos grupos de interés.
Más precisamente, el papel del gobierno tendría que orientarse a dotar a la sociedad de un marco institucional que tuviese como características primordiales una eficiente definición y protección de los derechos de propiedad y mercados competitivos en donde prevalezca la igualdad de oportunidades, ya que esos dos elementos son las condiciones fundamentales para el crecimiento económico y para el desarrollo de la sociedad.
Pero lo que observamos en nuestro país es que los legisladores no solamente no mejoran esa parte del marco institucional que les corresponde, el marco legal, sino que tienden a mantener el sistema de privilegios que tanto afecta el bienestar de la población. Es más, a menudo introducen legislación con un claro sesgo contra el desarrollo económico. Un sistema tributario que castiga el trabajo, el ahorro y la inversión; una legislación laboral que castiga el empleo, la productividad y el cambio tecnológico; una legislación en telecomunicaciones que mantiene privilegios monopólicos; una legislación del sector energético que mantiene monopolios gubernamentales con un elevado costo de la energía (eléctrica, gas y derivados del petróleo) para los usuarios; una legislación agraria y de desarrollo rural que mantiene a los campesinos en la más absoluta pobreza; una legislación educativa que premia la ineficiencia y castiga la educación de calidad; un diseño del presupuesto público federal que implica un enorme desperdicio de recursos y la destrucción de riqueza nacional, etcétera.
Nuestra legislación tiene un notable sesgo en contra del desarrollo económico, pero a los legisladores no les importa.
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Isaac Katz es investigador y catedrático del Instituto Autónomo de México