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Rubén Loza Aguerrebere

Agua, deuda y militares

La ley plebiscitada señala que el Estado deberá prestar en adelante todos los servicios de agua potable y fija el pago de indemnizaciones a privados

Mencionar las complicaciones surgidas ante la nacionalización de servicios de agua potable, del canje de la deuda por default y de los militares, equivale, desde este lejano sur, a hablar al futuro presidente Vázquez de Uruguay, al argentino Néstor Kirchner y al brasileño Lula da Silva. Los tres, más o menos emparentados ideológicamente. ¿Por cuál comenzar? Da igual. Se trata de situaciones trabadas, complejas, con marchas aceleradas y luego en reversa.
 
En Brasil, los militares tienen una relación tirante con el presidente Lula. Y en estos momentos la cuerda se ha tensado más. Este hecho ha costado a Lula un ministro (José Veigas, de Defensa, a quien sustituyó José Alencar) y además un comunicado de los militares exaltando el golpe militar de 1964 y condenando los intentos de "revivir revanchismos" y de "estimular discusiones sobre coyunturas pasadas". Las supuestas fotos de un director de TV Cultura, en 1970, torturado y muerto en una prisión (que resultaron ser de otro perseguido político), y ahora conocidas, han dado lugar al desafío a Lula frente a la posibilidad de revisar aquellos años dictatoriales, que van desde 1964 hasta 1985. El Partido de los Trabajadores, de Lula, y las organizaciones de derechos humanos, son las que exigen la reapertura de los archivos militares. Pero éstos se resisten a ello, y también a un mea culpa. El Jefe del Gabinete de Seguridad se ha mostrado contrario a la apertura de esos archivos y dijo: "No hay nada bonito en esos papeles". Lula quedó, pues, atrapado entre su partido y las organizaciones de derechos humanos por un lado, y los militares del otro. El presidente hasta ahora venía atendiendo las inquietudes militares, a los que concedió un aumento salarial, la promesa de un segundo aumento y la compra de armamento. Veremos.
 
En Argentina, el presidente Néstor Kirchner aseguró que no modificará la propuesta en la oferta de canje en la deuda por default. Lo enfatizó, tras su breve visita a la cumbre Iberoamericana de Costa Rica, de la cual informó Libertad Digital. Las complicaciones en el canje de la deuda han visto ralentizadas ahora por el pedido de postergación de fecha realizado por la Comisión de Valores italiana, así como por la negativa a colocar bonos argentinos del Banco de Nueva York. El gobierno sostiene que se trata de presiones que buscan un mejoramiento de su oferta, y, de ahí, aquellas palabras de Kirchner, en cuyo círculo nadie arriesga nada en cuanto si las mismas tendrán efecto en la reestructuración de las condiciones y en los plazos previstos en la oferta realizada. Veremos.
 
Y en Uruguay el presidente Batlle (a quien sucederá Vázquez el 1 de marzo de 2005) sostiene que, como el plebiscito de nacionalización del servicio de agua potable realizado conjuntamente con las elecciones nacionales, obtuvo mayoría, deberá ponerse en marcha de inmediato. Los promotores del mismo fueron alentados por el conglomerado de izquierda triunfante y por un sector del Partido Nacional (o Blanco). Batlle, que es liberal, ya tomó la decisión: todo al Estado. El futuro gobierno de izquierdas, con un ojo puesto en la temporada de verano y atendiendo al hecho de que una de las concesionarias (la española) atiende el balneario internacional Punta del Este ("Antes que los turistas está la Constitución", ha dicho Batlle) y la eventualidad de los pagos a los concesionarios que deberán marcharse, solicitarán al actual presidente que no se apresure con las medidas y permita resolver el tema al nuevo parlamento, que asumirá a mediados de febrero, y al próximo gobierno, que entrará en funciones en marzo. Los Blancos, a su vez, trabajan ahora sobre una "ley interpretativa" del mencionado plebiscito, según la cual no existiría retroactividad de la ley y, en consecuencia, no caerían las empresas establecidas y el gobierno no debería pagarles por las inversiones que hubieren realizado en Uruguay. Aquí está el centro del asunto. La ley plebiscitada señala que el Estado deberá prestar en adelante todos los servicios de agua potable y fija el pago de indemnizaciones a privados. ¿Quién los entiende? Como en los casos anteriores, otros presidentes han quedado en el medio. Ya veremos.

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