Es sabido que las libertades nunca se pierden de golpe, sino que se van destruyendo lentamente. La indiferencia, la apatía y la ignorancia de la población lo van haciendo posible.
En la época contemporánea, el Uruguay parece ser la nación que más de cerca sigue el camino que en la Alemania nazi condujo al totalitarismo.
En apariencia, la ideología ("la lucha") de quienes en forma tan aventajada ponen en práctica sus enseñanzas es diferente. Sin embargo, el fin último es el mismo: el avasallamiento de las libertades individuales. Someter cada aspecto de la vida de las personas, incluso los pensamientos, al "control" de los funcionarios estatales.
Plebiscito tras plebiscito; repitiendo cien, mil, un millón de veces cada mentira. Hostigando e intimidando cada vez más, la "irracionalidad" se va abriendo camino en esta República cuyos habitantes se jactan, paradójicamente, de su racionalidad.
Junto con las elecciones de octubre en Uruguay se plebiscitó una reforma constitucional que nacionalizó totalmente los servicios de agua potable y saneamiento. El texto es tan disparatado que es imposible ponerlo en práctica sin provocar una conmoción social. No obstante, fue aprobado con el voto del 64% de los ciudadanos.
Esta modificación de la "Carta Magna" tuvo la peculiaridad que, según estudios de opinión pública, una alta proporción de la población no sabía de qué se trataba. Sin embargo, fue "ensobrada" junto con las listas de los candidatos más votados, Tabaré Vázquez (Frente Amplio) y Jorge Larrañaga (Partido Nacional), quienes la apoyaban. O sea que un votante desprevenido, al sufragar por alguno de ellos, simultáneamente daba el "Sí" a la iniciativa "popular".
Los inventores e impulsores fueron el sindicato de empleados públicos relacionados con el tema, temerosos de perder alguno de sus innumerables privilegios. Estaban tan convencidos de su victoria que habían adelantado que de prosperar ésta continuarían tratando de "nacionalizar" también la educación y los servicios de salud. Así pasaríamos a ser todos "iguales".
Cualquier semejanza con "Rebelión en la granja" no es mera coincidencia.
Del mismo modo que solía hacer Luis XIV, paradigma del absolutismo, los promotores hicieron la ley, la interpretan, dictaminan cómo ha de aplicarse y dictan sentencia anticipada de cómo se deben "solucionar" los eventuales conflictos con los privados que tienen esas concesiones.
De un plumazo se pretende abolir la separación e independencia de los poderes. Nada va quedando de los necesarios "controles y balanceos" entre ellos. Locke y Montesquieu a esto lo llaman tiranía. Y muestra la falsedad de las teorías de Rousseau: la "voluntad general" no hace libres a las personas, las somete a la arbitrariedad.
Karl Popper sostenía que la única forma de aprender es a través del ensayo y el error. Por eso pensamos que es digna de aplauso la actitud del gobierno saliente, al manifestar su voluntad de que la reforma se aplique a rajatabla, tal cual fue aprobada. Es la única forma de frenar en seco el deslizamiento hacia la "servidumbre" en la que irremediablemente estamos cayendo. Es preciso que la población palpe en carne propia las irracionales consecuencias de lo votado. Dicho sin ironía, al Uruguay le está haciendo falta un "baldazo de agua fría" para que despierte de su letargo.
El Frente Amplio, ahora que ha ganado las elecciones nacionales, quiere que urgentemente se apruebe una "ley interpretativa" que burle a la voluntad popular, que él mismo apadrinó. Para una fuerza política que ha hecho de la "ética" su caballito de batalla, no parece un comienzo muy auspicioso.
En consecuencia, es prioritario tanto por el bien de la "moral" pública como para el futuro de la nación que el pueblo se dé cuenta a tiempo, por la propia fuerza con que los hechos nos golpeen, hacia dónde nos estamos encaminando.
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Hana Fischer es analista uruguaya