El PSOE de Zapatero ha puesto en marcha lo que llama "segunda Transición". Los socialistas y su auxilio comunista e independentista están intentando llevar a cabo la Transición que para ellos quedó pendiente. La reforma les pareció poco, y buscan la ruptura. Pretenden una Constitución a su medida, volviendo a los usos más fracasados de nuestra historia contemporánea, sin olvidar los ajustes de cuentas que, en su opinión, quedaron pendientes en 1978.
El discurso comienza con la denuncia de una España que ha desfasado su texto constitucional, y que exige, con urgencia, una Carta Magna actualizada. Hablan de naciones sumidas en la opresión de la uniformidad centralista, de desencajes, envoltorios y talante. Insisten en que los populares llegaron tarde a la Constitución –como si la UCD y AP no hubieran estado en la comisión constituyente–, o en que no asumieron el Estado de las Autonomías –cuando gobiernan en la mayor parte de ellas–.
A esto le sigue la pretensión inacabable de relacionar al PP, y a Aznar, con el franquismo; y para ello resucitan la guerra civil, las víctimas de la represión y las dos Españas. El mensaje es que la derecha no puede relacionarse con la libertad, la democracia y el consenso, y que sólo a regañadientes puede asumir un sistema constitucional. Por esto, los socialistas, en ocho meses, han acusado al PP de patrocinar dos golpes de Estado: tras los atentados del 11-M y en Venezuela.
El Gobierno de Zapatero y sus aliados nacionalistas quieren que el centro derecha se entregue a un relativismo conceptual de la nación española, y a sus consecuencias constitucionales e históricas. Y han pillado a contrapié a todos aquellos que acogieron, con palmas y equipaje, aquel concepto alemán postmoderno del "patriotismo constitucional". Si la identificación sentimental con el país depende de una Constitución, se desprecia a la nación como sujeto constituido con anterioridad a toda norma, y se vincula el respeto a la ley común a la opinión que sobre ella se tenga. De esta manera, el concepto de nación es fácilmente "discutido" y "discutible", definido a capricho por los que creen pertenecer a otra "comunidad nacional" y buscan una Constitución a su medida. La soberanía nacional, en estas circunstancias, es divisible en cuantas "comunidades históricas nacionales" se quiera enumerar para constituir el Estado español.
Reconocida constitucionalmente la existencia de varias naciones, es imposible negarle los mismos derechos que a la española, incluido el de autodeterminarse. El camino a la secesión sería dilatado pero sencillo, y de aquí el interés de ERC por eliminar el artículo 8 de la Constitución, el referido al papel del Ejército para mantener la unidad del país. La referencia de Bono a este papel, más que halagar a los militares, que son ajenos en su práctica totalidad a los juegos políticos, es la manifestación de su opinión en este debate.
La "segunda Transición", socialista y nacionalista, cuenta con otros dos ajustes de cuentas: EEUU y la Iglesia que, en el imaginario del tardoantifranquismo, apoyaron con fruición a Franco. Así, desempolvan la foto del dictador con Eisenhower, uniéndola a aquella de Aznar con Bush. Pues, en esta política exterior propia de la Guerra Fría que impulsa Moratinos, se habla de redefinir las relaciones de España con EEUU, de revisar los acuerdos militares, pues "recibimos menos de lo que damos". La revisión de la Transición alcanza a las relaciones entre el Estado y la Iglesia. En este ajuste de cuentas las diatribas contra los católicos no han cesado, yendo desde los insultos de José Blanco hasta la recomendación de no marcar en la declaración de la renta la casilla de la Iglesia. Y aún lo presentan como los ataques de "los obispos" al Gobierno democrático de España.