La excarcelación de Raúl Rivero y de otros 13 disidentes, de un total de 75 condenados, nos ha llenado a todos de satisfacción. Tanto su familia, como sus amigos, como todo tipo de organizaciones, religiosas y no religiosas, se han movido incansablemente para conseguir, al menos, esa suspensión de su condena. Éxito parcial, porque son muchos los que siguen sufriendo tortura en las cárceles castristas.
Y, aunque el actual aislamiento político del castrismo por parte de la Unión Europea fuera una propuesta del gobierno español del PP, es bueno recordar que lo que hizo cambiar de actitud a la mayoría de la Unión Europea fue la campaña de “Reporteros sin Fronteras” frente a la embajada cubana en París, que acabó por modificar la posición política francesa, siempre patológicamente antinorteamericana y siempre, por tanto, castrista. Ahora, perdido –aparentemente– el ímpetu y la militancia de esa organización en este caso, el presidente Chirac ha vuelto a cambiar de actitud, haciendo votos por el apaciguamiento con la tiranía; y acabará por arrastrar a una parte importante de la Unión Europea.
No sabemos cuál ha sido el motivo de la excarcelación temporal de Raúl Rivero. Ni sus condiciones. No sabemos si ha habido pactos con gobiernos como el español; pero nos tememos lo peor. Y lo peor es que se trate de una excarcelación que ya había decidido el régimen castrista por razones internas y que, simultáneamente, se les haya vendido, a buen precio, a gobiernos como el español. ¿A cambio de qué? Es sabido que las autoridades nunca pueden pactar con los chantajistas y los secuestradores que buscan un rescate y que, simultáneamente, la familia tiene que hacer lo imposible por lograr la liberación de los secuestrados, incluso burlar a la propia policía. Pero ninguna autoridad democrática puede pactar con bandas de ese tipo, pues aunque se logre la libertad del secuestrado, se garantiza la repetición del suceso, cada vez en mayor escala, para cobrar un nuevo rescate.
Si el gobierno español ha pactado con el castrismo, ha asegurado que muchos más cubanos van a ir a prisión por expresar sus opiniones. En el momento que decida el régimen.
Si el Gobierno español ha pactado con el castrismo ha hecho incluso algo peor. Se ha repartido el botín con los secuestradores. Para el castrismo, el levantamiento de sanciones y la concesión de nuevos créditos y donaciones significarán dinero fresco para repartir entre sus mafias militares, policiales y las familias del régimen. El gobierno español espera otro tipo de pago: propaganda política a corto plazo, para recoger votos de incautos, y colaboración más estrecha con el eje Castro-Chávez-Kirchner en su política antinorteamericana. El dinero saldrá de los presupuestos y lo pagarán los españoles; porque desde hace más de veinte años el régimen castrista no sólo no ha pagado una sola peseta –euro– de la antigua deuda, sino que considera un insulto que se le reclame el pago y no se sienta a una mesa de negociación desde principios de los noventa; cuando Carlos Solchaga les explicó cómo funcionaba una economía de mercado y lo que era un presupuesto. Y sólo quisieron entender lo de los impuestos.