Vista la gravísima deriva nacionalista del PSOE en Cataluña y el País Vasco, que ha venido a suceder a la infame explotación política contra el anterior gobierno perpetrada por los socialistas tras la masacre terrorista del 11-M, la agenda de asuntos a tratar que acompañaba la solicitud del PP de una convocatoria del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo ha venido marcada por un apreciable perfil bajo.
No se trata, ciertamente, de minusvalorar la gravedad de la infidelidad al pacto que conlleva la decisión unilateral del PSOE de nombrar entre sus propias filas a Gregorio Peces Barba como Alto Comisionado para las víctimas del terrorismo; tampoco de quitar hierro a la pasividad gubernamental ante la creciente participación de Batasuna en la vida pública. Sin embargo, consideramos que el PP debería, además, haber puesto sobre la mesa la anunciada voluntad de socialistas vascos y catalanes de superar los marcos estatutario y constitucional en los que se basaba dicho Pacto, así como las voces reacias a la ilegalización de Batasuna procedentes del PSOE, que, aunque sean minoritarias, dejan en entredicho la fidelidad del partido de ZP al Pacto por las Libertades.
Si como decía y dice la letra del Pacto, “la recuperación plena de la unidad para luchar contra el terrorismo debe llevarse a cabo en torno a la Constitución y el Estatuto de Guernica, espacio de encuentro de la gran mayoría de los ciudadanos vascos”, adquiere ciertos matices de tomadura de pelo a la ciudadanía que ninguno de los dos partidos haya hecho ahora la menor referencia a la recientemente decisión del PSE de dejar atrás el Estatuto de Guernica para proclamar al País Vasco como “comunidad nacional”, en un choque frontal con los pilares que sustentan nuestra Carta Magna.
Bien está que el PSOE se haya comprometido con el PP a instar a la Fiscalía y a la Abogacía General del Estado a evitar que miembros de organizaciones y plataformas ilegalizadas participen en actividades políticas de los ayuntamientos del País Vasco. Pero mejor estaría que el PSOE anunciara su compromiso de dejar de apoyar a formaciones que, bajo otras siglas, mantienen la línea marcada por Batasuna, tal y como ocurre en algunos Ayuntamientos de Navarra. Tampoco estaría de más que, tras esta reunión del pacto, los ciudadanos pudieran tener garantías de que socialistas catalanes como Maragall, o vascos como Odon Elorza, dejen de pedir amparo legal a los representantes de ETA. Y, desde luego, la solicitud de intervención a la Fiscalía sería mucho más coherente si dirigentes socialistas, tales como Gemma Zabaleta, dejaran de participar junto a Batasuna en foros como el celebrado hace escasos días en el Parlamento catalán donde se tiraron por tierra los pilares en los que se sustenta el Pacto por las Libertades.
Aunque esté un poco más alejado en el tiempo, tampoco hubiera estado de más que el PP hubiera pedido al PSOE que reconsiderara su reciente decisión de despenalizar la convocatoria de referéndum ilegales, tal y como pretende hacer Ibarretxe, o la financiación pública de formaciones ilegalizadas, tal y como sigue haciendo el gobierno vasco.
No tratar todos estos asuntos en la reunión de este miércoles no es muestra ni de "lealtad" ni de "vigencia" del Pacto, sino ganas de sostener en las formas un vacío de fondo. Aplazar los problemas no es la vía de solucionarlos.