El 30 de diciembre de 2004 no ha sido un buen día para la democracia en España. La ceremonia se ha escenificado del siguiente modo. En el estrado el portavoz de un partido ilegal ha leído una nota de un terrorista prófugo de la justicia, acto seguido ha regalado tres valiosos votos a un proyecto de reforma estatutaria que es inconstitucional y que, además, de llegar a aplicarse, supondría la secesión de facto de una de las 17 Comunidades Autónomas que conforman el Estado. Esto, en pocas palabras, es lo que sucedió ayer en el parlamento vasco.
Aunque el acto final no podía haber sido peor, lo cierto es que, más tarde o más temprano, el promotor de la reforma secesionista, el lehendakari Juan José Ibarreche, tenía que llevársela a la cámara autonómica para iniciar su trámite. Los dos partidos constitucionalistas contaban con que los diputados de la ilegalizada Batasuna se abstuviesen o votasen que no. Craso error. El pacto de Estella se ha vuelto a reeditar en este último día hábil del año. Con el respaldo -por mayoría absoluta- obtenido en la cámara vasca el gobierno autónomo tiene la obligación legal de remitir el proyecto a las Cortes Generales, si éstas lo rechazan todo quedará en papel mojado, sin embargo, nada hace pensar que Ibarreche vaya a detenerse en ese punto. El portavoz del PNV en el parlamento de Vitoria ya ha recordado que “no hay marcha atrás” y el propio lehendakari se ha comprometido a llegar hasta el final convocando de modo unilateral un referéndum en el País Vasco para someter su plan al escrutinio de las urnas.
De manera que tanto el plan como la idea misma de que una región pueda autodeterminarse son, simplemente, anticonstitucionales, la pelota está ahora en el tejado del Gobierno y de las más altas instituciones de la Nación. La Fiscalía General del Estado debe, sin más dilación, recurrir de inmediato el nuevo estatuto político que entierra al aprobado en Guernica en 1979. Asimismo, el Fiscal General debe solicitar la suspensión cautelar, dada la naturaleza del proyecto de reforma, de cualquier medida que el gobierno vasco vaya a tomar respecto al proyecto en cuestión. Un Estado de derecho no puede permitirse pulsos de semejante magnitud y debe responder con contundencia a cualquiera que pretenda hacer saltar en mil pedazos nuestra Carta Magna y, por ende, nuestra convivencia.
Al presidente del Gobierno, por su parte, le ha llegado la hora de mostrar firmeza y templanza. Pasar por alto la amenaza que el ya aprobado Plan Ibarreche supone para la democracia española puede cobrarse una factura altísima. José Luis Rodríguez Zapatero sólo tiene una vía; fortalecer el Pacto por las Libertades y formar un frente común con el Partido Popular para la defensa de las libertades de todos y de la unidad de la Nación. En 25 años de vida constitucional no se había encontrado España ante desafío semejante, por lo tanto, nuestra clase política tiene que estar a la altura de las circunstancias sin distingos de ideología. El ministro Jordi Sevilla ha asegurado que el Gobierno se opondrá al plan del lehendakari y que éste carece de posibilidad alguna de llegar a ser aprobado. La política, sin embargo, es algo más que buenas palabras y comunicados grandilocuentes. De nada sirve hartarse a condenar algo si luego, cuando llega la hora de actuar, se hace lo contrario o se intenta llegar a un acuerdo de mínimos.