En estos últimos años se ha producido una doble escalada, de los nacionalistas por desmembrar a España, y de las izquierdas por recuperar el poder sin importarles emplear métodos desestabilizadores en alianza con los totalitarios y los secesionistas. No otra cosa han sido las campañas en torno a la ley de enseñanza, al Prestige o a la guerra contra Sadam, la alianza abierta del PNV con el TNV (Terrorismo Nacionalista Vasco) en respuesta al nuevo clima social creado por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, los acuerdos entre Carod y la ETA, los proyectos secesionistas de Maragall-Carod e Ibarreche, la retirada de tropas de Irak, premiando al terrorismo islámico autor de la matanza de Madrid, y un largo etcétera de provocaciones y ataques a los fundamentos de la democracia. Esta escalada ha culminado ahora con la aprobación del Plan Ibarreche en un parlamento vasco desnaturalizado, donde un asesino ha participado en la comisión de Derechos Humanos y donde, en vulneración permanente y jactanciosa de la ley, permanecen en sus escaños los representantes de los terroristas.
Importa mucho constatar que el eje de todas estas evoluciones ha sido el terrorismo. El terrorismo, así, parece próximo a conseguir sus objetivos, en simbiosis con los otros nacionalismos pretendidamente moderados y con la aquiescencia de un partido cuyo jefe, presidente también de la nación, ha declarado no importarle la nación española.
La aprobación del plan Ibarreche da la señal de partida para liquidar finalmente la Constitución, y con ella la democracia española. Esta Constitución, la primera de la historia de España hecha por amplio consenso, tiene muchos defectos pero, con todo, ha permitido una convivencia democrática tolerable en España durante más de un cuarto de siglo. Obviamente sólo puede ser echada abajo o vaciada de contenido, como ahora se intenta, por una mezcla de hechos consumados, desafíos sin respuesta y rodeos o vulneraciones abiertas de la ley. Entramos de lleno, por tanto, en una “segunda transición”, una transición desde la democracia a la desintegración de España, propiciada por aquellos partidos que allí donde gobiernan han casi liquidado las libertades, como en las Vascongadas, las han reducido drásticamente como en Cataluña, se han propuesto “enterrar a Montesquieu” y han sumido al país en la corrupción, como el PSOE, o son pura y tradicionalmente totalitarios, como los comunistas. En tales condiciones, la “segunda transición” significa la ruptura unilateral de las reglas del juego que permiten la convivencia pacífica, y no es otra cosa que un salto en el vacío, uno nuevo después de los que el país ha experimentado en el siglo XX.
No se ha llegado tan lejos, desde luego, sin la grave culpabilidad de unas derechas peseteras y ciegas a lo que los socialistas solían llamar “pedagogía” y los comunistas “lucha ideológica”, terreno que, junto con el cultural, la derecha simplemente ha abandonado todos estos años a la izquierda y los nacionalismos. Los aspirantes a la tiranía y al desguace de España han ido avanzando gracias a las continuadas claudicaciones de quienes debían haberles hecho ver claramente los límites. Como ignoran también la historia, no entienden el alcance de sus osadías, no entienden las consecuencias de la destrucción de la convivencia española. No sé si ya queda tiempo para que lo comprendan. En todo caso a esta hora las recriminaciones sobran, y, trasladando la frase famosa de Nelson, “la democracia española espera que cada cual cumpla con su deber”. Es preciso, absolutamente preciso, que cada uno, como decía Julián Marías, deje de preguntarse “qué va a pasar”, para plantearse “qué puedo hacer”, a fin de que no pase lo peor.