Para disfrazar su decisión de dejar que el desafío nacionalista vasco a nuestra nación y a nuestro Estado de derecho prosiga su camino, el Gobierno nos quiere hacer creer que es prematuro recurrir el “plan Ibarretxe” ante el TC porque aun no tiene fuerza de ley ya que no ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados. Sin embargo lo que desde el PP se ha pedido al Ejecutivo que presente de inmediato no es un recurso de inconstitucionalidad sino una impugnación a la resolución adoptada en la cámara vasca que, tal como reza el título V de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, hace referencia precisamente a lo que han aprobado los nacionalistas, representantes de ETA incluidos.
El artículo 76 de la LOTC es muy claro al decir que “Dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su publicación o, en defecto de la misma, desde que llegara a su conocimiento, el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones normativas sin fuerza de Ley y resoluciones emanadas de cualquier órgano de las Comunidades Autónomas”. Más claro, agua.
Evidentemente si fuera factible presentar en estos momentos un recurso de inconstitucionalidad, no haría falta que el PP se lo pidiera al Gobierno de la nación, pues lo podrían hacer también cincuenta diputados o senadores, tal y como reza el artículo 162.1 de nuestra Carta Magna. Lo que procede ahora —junto a muchas otras advertencias que Zapatero tampoco está haciendo— es la impugnación, cuya petición ante el Tribunal Constitucional es responsabilidad única y exigible del Gobierno. Una impugnación que, tal y como dice el artículo 77 de la LOTC, produciría “la suspensión de la disposición o resolución recurrida hasta que el Tribunal resuelva ratificarla o levantarla en plazo no superior a cinco meses, salvo que con anterioridad, hubiera dictado sentencia”.
Si, pese a todo, aun no estuviera clara la voluntad del Gobierno, preso de las presiones de los secesionistas, de no atajar ya esta devastadora maniobra contra la estabilidad democrática de nuestro país, ahí está su decisión de permitir el trámite parlamentario de este plan secesionista que también podría abortar este Gobierno del 14M si decidiera sumarse a los votos de rechazo del PP.
Está por ver que Rodríguez Zapatero quiera admitir a trámite el Plan Ibarretxe para, tras el debate parlamentario, votar finalmente en contra del mismo. No parece tener mucho sentido que, habiéndose manifestado reiteradamente a favor de la inconstitucional reforma del estatuto que propone Maragall y los independentistas catalanes, —“igual en el fondo, pero distinto en las formas”, tal y como con acierto lo describió el presidente catalán— ZP no esté tentado a introducir enmiendas parciales al proyecto del Lehendakari para adecuarlo a las “formas” con las que socialistas e independentistas catalanes tratan de proclamar a Cataluña como nación.
Si por el contrario, el presidente del Gobierno no cae en esa tentación y finalmente la suya es una decisión innegociable de presentar un rechazo a la totalidad al Plan de Ibarretxe, no tiene sentido que no contemple la inadmisión a trámite que tiene los mismos efectos, con la diferencia que esta reduce desde el primer momento las esperanzas que animan a quienes ya han emprendido la vía de la ilegalidad. Con todo, quedaría pendiente cómo Zapatero satisface en Cataluña a quienes se fueron con ETA a Perpignan para “profundizar juntos en la crisis del Estado español”. De ellos ha hecho ZP depender su Gobierno, sin olvidar de qué hizo depender su victoria electoral.