Puede haber una Constitución democrática distinta de la actual, o ésta puede cambiarse, pero hay dos razones que no aconsejan jugar en ese terreno. En primer lugar, la actual Constitución ha nacido del intento de superar los factores de enfrentamiento que tan convulsa han hecho la historia de España en el siglo XX, y, con todos sus fallos, debe reconocérsele el haber amparado una convivencia democrática bastante aceptable durante un cuarto de siglo. Es un logro realmente trascendental, y sólo algún loco (pero hay más de uno) lo pondría frívolamente sobre el tapete. Y en segundo lugar quienes mayor interés muestran en cambiarla, y además por la vía de los hechos consumados, es decir, del golpe de estado más o menos encubierto, son precisamente las fuerzas antidemocráticas que en las Vascongadas han impuesto ya una semidictadura nacionalista y van camino de hacer otro tanto en Cataluña. No puede aceptarse que esas fuerzas dicten el momento y el sentido de los cambios.
Debemos entender cuál ha sido el factor principal de estabilidad en este cuarto de siglo: la renuncia de la izquierda a sus posiciones revolucionarias o utópicas, que le impedían aceptar a las derechas. En la mitología tradicional de la izquierda, las derechas (y la Iglesia) no eran fuerzas o tendencias con las que convivir, sino a las que erradicar. En su tosca propaganda, las derechas y la Iglesia representaban “el negro pasado”, “lo muerto”, “la explotación capitalista”, “el oscurantismo”, “la oligarquía”, etc. y por ello no cabía la tolerancia hacia ellas. De ahí que a las libertades políticas garantizadas por las leyes liberales de la Restauración contestaran las izquierdas y los nacionalismos –beneficiarios de ellas– con el ataque demoledor, incondicional y violento, hasta impedir el desarrollo natural del régimen hacia una democracia y abocar a la dictadura de Primo. Luego, en la II República, las izquierdas y el nacionalismo catalán impusieron una Constitución en principio democrática, aunque agresivamente anticatólica y vulneradora de diversos derechos políticos… para rebelarse contra ella, contra su misma legalidad, cuando la derecha alcanzó legítimamente el poder, cosa inadmisible para aquellos mesiánicos. Ese “talante” pudo haber concluido en la completa aniquilación de la derecha y la Iglesia, pero terminó con la derrota de la izquierda y los nacionalismos, y con una nueva dictadura, la de Franco.
Pues bien, lo nuevo al llegar la transición posfranquista es que, tras algunos intentos de ruptura, el PCE abandonó el leninismo y el PSOE el marxismo, es decir, ambos renunciaron a su tradición revolucionaria. Además los anarquistas no lograron poner en pie un movimiento de masas y los republicanos exaltados de antaño quedaron marginados. Todo ello permitió un juego democrático aceptable, porque, contra un prejuicio muy divulgado, el grueso de la derecha ha aceptado las libertades y la convivencia con sus adversarios políticos desde hace más de un siglo, siendo las dictaduras reacciones ante el derrumbe de las libertades provocado por los extremismos de izquierda aliados con los nacionalismos catalán y vasco.
Quienes no abandonaron sus viejas aspiraciones, en el fondo totalitarias, fueron estos nacionalistas. Pero aun cuando la izquierda sólo perdió a medias su carácter tradicional (los abusos del anterior período socialista están en la mente de todos), su nuevo talante bastó para contrarrestar en buena medida la presión nacionalista, combinada más o menos directamente con el terrorismo, y para mantener la Constitución y, por tanto, la democracia. Ni el PNV ni CiU vieron nunca en la autonomía un medio de integrar a Cataluña y Vascongadas en España, sino, al revés, un instrumento para progresar hacia la secesión, persiguiendo y desacreditando los símbolos, el idioma común español y todo cuanto recordase la estrecha unión histórica de sus regiones con el resto de España.
Tal programa se les ha consentido sin apenas oposición bajo el falso supuesto de que se trataba de partidos democráticos. Que nunca lo han sido queda probado en el hecho de que no han podido progresar en sus designios sin vulnerar constantemente las libertades de los ciudadanos y promover el fanatismo. En Vascongadas han logrado reducir la democracia a un sarcasmo y en Cataluña van camino de lo mismo. Si no han arrastrado al mismo deterioro al resto de España se debe, como quedó expuesto, al mantenimiento del acuerdo constitucional por los dos grandes partidos españoles.
Pero esto ha cambiado en los últimos años. Con Rodríguez, la política del PSOE se ha radicalizado, recuperando los peores elementos de otros tiempos: ante la reforma universitaria, el Prestige o la guerra de Irak, Rodríguez, en alianza con la extrema izquierda abierta y con los nacionalismos, ha desatado campañas demagógicas y callejeras y ha sembrado el viejo odio irracional, extendiendo por todo el país un clima parecido al de las Vascongadas. Ya no se trata del antiguo marxismo, pero sí del jacobinismo que en otro tiempo tiñó de exaltación a los republicanos y los llevó a obrar de modo muy parecido a los revolucionarios obreristas.