Durante muchísimos años, desde 1976 a 1994, aproximadamente, y después, con otros matices, hasta 1996, la competitividad de la economía española ha sufrido porque nuestros salarios han subido más que el crecimiento de la productividad lo que, a su vez, se ha traducido en aumento de precios de bienes y servicios superiores a los del promedio de los países de nuestro entorno. De hecho, la economía española estaba indexada. Todos los precios y salarios se ajustaban a lo que subiera el IPC. Y el IPC subía, muchas veces, como ahora, presionado no por la subida de salarios, sino como consecuencia de un crecimiento excesivo de la oferta monetaria.
Toda la escala salarial española en ese larguísimo periodo se movía según lo hicieran el salario mínimo interprofesional y las subidas de sueldos de los funcionarios; movimientos, ambos, del ámbito de competencia estrictamente gubernamental. Cualquier subida del salario mínimo se traducía en subida de los salarios de todas las categorías profesionales, porque las distancias entre categorías estaban, y están, marcadas desde hace muchísimo tiempo. Igualmente, la subida del sueldo medio de los funcionarios era el suelo mínimo sobre el que se revisaban los aumentos salariales de los empleados en el sector privado, que no gozan de la protección indefinida del puesto de trabajo y, por tanto, reciben menores remuneraciones.
El primer gobierno del PP tomó, en este sentido, una decisión trascendental: congeló los sueldos de los funcionarios para 1997; y la decisión tuvo efectos no sólo en el menor gasto público, sino en la moderación salarial general que fue posible pactar con los sindicatos. En gobiernos posteriores del PP, en diferentes años, se subieron los sueldos en la administración en función de la inflación esperada, tal y como figuraba en los cuadros macroeconómicos que acompañan a los presupuestos generales del estado. Hubo otros años, ya al final de la segunda legislatura, en los que la debilidad política se tradujo en el acomodo a la inflación pasada; aunque, en parte, se hizo para compensar las pérdidas de poder adquisitivo de los funcionarios que, efectivamente, tuvieron lugar como consecuencia de que la inflación acumulada padecida fue muy superior a la esperada oficialmente durante varios años.
Un segundo apartado de la política económica de ámbito salarial de los gobiernos del PP fue el ir desvinculando el salario mínimo interprofesional de la marcha de la inflación; una política ya consolidada al final de la segunda legislatura a la que, precisamente por ese motivo, apuntó el PSOE durante la campaña electoral; a pesar de que los economistas serios de su entorno estaban plenamente de acuerdo con la desvinculación del SMI con el IPC.
Esas dos políticas facilitaron la negociación con los sindicatos pues, en definitiva, el gobierno, en el ámbito de sus responsabilidades, demostró capacidad para soportar impopularidad. Y, a pesar de esas políticas y de la moderación salarial, nuestros salarios subieron más durante esos años de gobierno del PP que los de los países de nuestro entorno; aunque, la causa última fuera, y sigue siendo, que la política de bajos tipos de interés del euro se tradujo, en España, en un fortísimo crecimiento de la masa monetaria –mucho mayor que en el resto de los países del área euro–, lo que hace que aumente nuestra inflación y que disminuya nuestra competitividad.
Pues bien, en esas dos áreas cruciales de responsabilidad pretende modificar la política anterior el actual gobierno. En primer lugar, si se consuma la segunda subida del salario mínimo se habrá producido un alza del 11% en apenas ocho meses de gobierno del PSOE y, en función de lo que ocurra en la disputa entre Caldera y Solbes, se habrán vuelto a indexar los salarios. En segundo lugar, el ministerio de administraciones públicas ha anunciado la constitución de un grupo de trabajo para elaborar un Estatuto del funcionario, que haría inevitable una mayor presión salarial en la administración. En definitiva, volveríamos donde nos encontrábamos en 1996. Con el añadido de que el euro nos empuja a una mayor inflación.
Poco a poco, sin estridencias, con buen talante, el gobierno del PSOE demuestra, una vez más, que no entiende cómo funciona la economía de mercado; peor incluso, que los responsables económicos sí lo hacen, pero que ceden, impasibles, a la falta de conocimiento y a la demagogia de Rodríguez Zapatero.