Este domingo hará diez años de la muerte de Gregorio Ordóñez. Le mató un pistolero etarra de un tiro en la nuca, por la espalda, sin dar la cara. A uno de los políticos más valientes que ha tenido la democracia española le asesinó un cobarde embozado que echó a correr después de cometer el crimen. Al concejal donostiarra, que está y estará siempre en el recuerdo de todos los españoles de bien, le ha seguido una década que ha dejado más cadáveres encima de una mesa que ya no puede sostenerse más. El reguero de víctimas que la sinrazón etarra ha dejado en sus más de treinta años de criminosa existencia es la señal que nos recuerda que el pasado está ahí, que las casi mil personas a las que han arrebatado la vida no murieron en vano, que tenemos una deuda con todas y cada una de ellas.
Esta misma semana un coche-bomba explotó a traición en una calle de la localidad vizcaína de Guecho. Un agente de la Ertzaintza tuvo que ser trasladado al hospital y ha sobrevivido, pero esa no era la intención de los asesinos. Querían llenar Guecho de muerte y dolor del mismo modo que han enlutado a España durante los últimos treinta y cinco años. Hace poco más de una semana saltó a los medios que buena parte de los más mortíferos comandos etarras de los ochenta van a recuperar la libertad gracias a una triquiñuela legal que les permitirá cumplir una porción ínfima de su abultada y merecidísima condena. Algo, definitivamente, no funciona.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha convocado para hoy una manifestación en Madrid con un lema sencillo: “Memoria, Dignidad y Justicia con la Víctimas del Terrorismo”. A la convocatoria se han sumado una nutrida nómina de colectivos, fundaciones, asociaciones y personalidades que han destacado en la defensa de las víctimas y el hostigamiento de los verdugos. Van a estar todos, o casi. Gregorio Peces Barba, Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, ya ha anunciado que no acudirá, y no lo hará porque, según ha manifestado, su misión no consiste en ir a manifestaciones, o, mejor y para terminar de estropearlo, su misión consiste en ir a manifestaciones sólo y cuando haya un atentado de por medio. Obsceno argumento que insulta la memoria de las víctimas y llena de oprobio y vergüenza el pomposo cargo y el no menos aparatoso “Alto Comisionado” para el que fue designado.
Mucho antes de lo que pensábamos ha quedado en evidencia la maniobra que preparó el presidente Zapatero en los últimos días de la Comisión del 11 de marzo. Ante el país conmocionado por el testimonio de Alcaraz y Manjón, el Gobierno se sacó de la manga un as que supo colocar a tiempo para erigirse como protector de las víctimas. Puro teatro que lleva a pensar lo peor. Si Peces Barba ni se digna a salir a la calle para acompañar a los familiares de las víctimas y al mismísimo Gobierno ha habido que presionarle para que enviase a la manifestación a alguno de sus miembros, ¿qué es lo que se está tramando a espaldas de los españoles? La Razón publicaba ayer que el Ejecutivo sostiene desde mayo “contactos” con la banda con objeto de abrir negociaciones. El propio Zapatero ha dicho que es partidario de “escuchar a Batasuna”, es decir, de poner el oído al brazo político de ETA. Las exigencias del presidente son muy modestas; un simple alto el fuego. Nada de entrega de armas ni de rendición. A cambio de esa tregua los batasunos conseguirían su legalización y concurso en las urnas y ciertos favores penitenciarios. Un ultraje y la dilapidación definitiva del capital acumulado durante los ocho años de Gobierno Aznar, que en esto, en la lucha contra la hidra terrorista, lo hizo francamente bien.