El principal asesor económico de Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, está desolado. El modelo económico del PP sigue dándole disgustos. Hace unas semanas hacíamos referencia a la sensación de impotencia que ha provocado en palacio el crecimiento del empleo en 2004; nada menos que 570.000 empleos netos –altas en la seguridad social– creados el año pasado. Habrán observado que nuestro presidente no ha hecho la menor alusión a este fantástico dato.
Pues bien; las desgracias para Miguel Sebastián no terminan aquí. Es muy posible que las cuentas públicas de 2004, ese año calificado de fatídico por el PSOE, heredado del gobierno del PP, termine con superávit presupuestario. A pesar de la inclusión, como gasto, de 2.500 millones de euros para la Junta de Andalucía y de la contabilización de una parte sustancial de la deuda histórica de Renfe (generada en buena parte bajo gobiernos socialistas); alrededor de 4.500 millones de euros.
El gasto presupuestario correspondiente a 2004 se forzó al máximo, para poder acusar al gobierno anterior de falsear las cuentas públicas. Por cierto, el intento de acusar también por las cuentas de 2003 tuvieron que borrarlo de las webs y hemerotecas pues, a las pocas semanas, Eurostat aumentó el superávit que había declarado el gobierno del PP. Hasta tal punto se forzaron los datos para el ejercicio pasado que, oficialmente, se confesó –con sonrisas– que el déficit del estado para 2004 (una parte de las administraciones públicas) alcanzaría el 1,8% del PIB, alrededor de 14.000 millones de euros, donde el PP sólo había presupuestado 3.150 millones de euros de déficit.
El gobierno del PP había concluido que, a pesar de ese déficit del estado, el conjunto de las administraciones públicas terminarían el año con déficit cero, porque esos 3.150 millones de euros se compensarían con una cifra similar de superávit de la seguridad social y el conjunto de las administraciones territoriales (autonomías y ayuntamientos) estarían en equilibrio, tal y como exigía la ley de estabilidad presupuestaria. ¿Qué ha pasado en realidad?
1º) En el estado, a pesar del exceso de gasto por las transferencias extraordinarias a la Junta de Andalucía y por la asunción de la deuda de Renfe, en total 7.000 millones de euros, ha resultado lo siguiente:
a) Los ingresos por IRPF pueden haber sido de 600 millones de euros más de los presupuestados.
b) Los ingresos por impuesto sobre sociedades podrían haber sido 2.300 millones de euros superiores a los presupuestados.
c) Los ingresos por IVA y otros impuestos indirectos –en particular por carburantes- pueden haber superado en cerca de 1.000 millones de euros lo que se había programado.
En conjunto, por tanto, unos ingresos de 3.900 millones de euros superiores a los presupuestados; lo que, sumados al fondo de contingencia de 2.400 millones de euros, significan una capacidad de mayor gasto de 6.300 millones de euros. Una cantidad que casi cubre el gasto extraordinario de Renfe y Andalucía.
d) No se tiene las cifras de lo gastado en inversión -directamente a través del presupuesto- con una cifra presupuestada de 14.000 millones de euros-, pero es muy posible que se haya reducido en, al menos, 1.000 millones de euros; pues la primera decisión de nuestras autoridades fue paralizar obras, decisiones y pagos.
Conclusión: el estado arrojaría un déficit algo inferior al 0,4% del PIB, la cifra, casualmente, que manejó el gobierno del PP que elaboró los presupuestos.
2º) Las cuentas de la seguridad social.
El gobierno del PP había presupuestado un superavit del 0,4% del PIB, alrededor de 3.150 millones de euros. El cierre positivo parece haber sido del 1% del PIB, alrededor de 8.000 millones de euros; básicamente por el crecimiento del empleo; esa incontrolable variable que provoca tantos disgustos a Miguel Sebastián.
3º) Aunque en los presupuestos del gobierno del PP para el conjunto de las administraciones públicas para 2004 se decía que las cuentas de las administraciones locales estarían en equilibrio, se creía, por parte de las autoridades del ministerio de hacienda, que el déficit podría alcanzar el 0,3% del PIB –compensable con las holguras que había en ingresos minusvalorados–, un porcentaje similar al de 2003. Pero, la transferencia a la Junta de Andalucía de 2.500 millones de euros, que sin duda se habrá empleado, en parte, en pagar facturas no declaradas y gastos pendientes, tendría que reflejarse en un descenso de déficit, tanto de la propia Andalucía como del conjunto de las autonomías; que estarían, a pesar de los permisos a ciertas autonomías, como la catalana, para gastar más de lo permitido legalmente, entre el equilibrio y un déficit del 0,2% del PIB.
