Un editorial de El País sobre la atención pública a los discapacitados denunció “el fracaso de la fórmula actual que atiende sólo a los de rentas bajas”. Si el Estado “fracasa” cuando redistribuye rentas hacia quienes más lo necesitan, entonces su “éxito” estribará en expandirse mucho más, y de ahí “el cuarto pilar del Estado del Bienestar”.
Nadie podrá oponerse, claro, puesto que se trata de consolidar sobre un pilar, nada menos, que el bienestar, y como cualquiera sabe, el bienestar estriba en que el Estado usurpe cada vez más la libertad y los bienes de los ciudadanos, para montar burocracias que no atiendan a los necesitados sino a todos, lo que también se vende con una bonita palabra: “universalización”.
La negación de las consecuencias negativas de todo esto roza el absurdo cuando se lo convierte en benéfico para el empleo; el editorialista asegura que la universalización “contribuirá a paliar el paro con la creación de unos 300.000 puestos de trabajo, especialmente femenino”. No dedica ni una línea a la incómoda reflexión sobre el empleo “especialmente femenino” que no se ha de crear o se ha de destruir debido a esta intervención.
Eso sí, todo “exigirá un notable sacrificio (sic) del Estado, pues se calcula que el gasto público en prestaciones sociales tendrá que duplicar los 4.000 millones de euros actuales en un plazo de ocho años, si se mantiene la promesa del ministro de Trabajo, Jesús Caldera, de realizarlo sin aumentar las cargas impositivas ni los costes laborales”. Extraordinario: si el Estado no aumenta la coacción sobre los ciudadanos, ello comporta un sacrificio…
