El Gobierno del PSOE ha puesto en marcha este lunes un proceso de regularización por el que cerca de un millón de inmigrantes van a poder legalizar su estancia en España. El secretario general del PP, Ángel Acebes, ha considerado que esta regularización, que durará tres meses, está suponiendo que haya una oleada de inmigrantes que ya está intentando entrar ilegalmente por “tierra, mar y aire”, y que bien puede lograr que se obtengan los efectos contrarios a los pretendidos: A saber, que los que hayan entrado ilegalmente atraídos por el efecto llamada de esta medida del gobierno superen al número de inmigrantes regularizados.
Se pueden hacer, con todo, algunas puntualizaciones a las, en términos generales, juiciosas objeciones que Acebes ha planteado al Gobierno de ZP. Lo que no se debe hacer es despacharlas con la simpleza y demagogia con la que lo ha hecho el portavoz socialista, Diego López Garrido, quien no ha tenido reparos en calificarlas de muestra de “una ideología que linda peligrosamente con actitudes racistas y xenófobas”. Más aun, cuando las advertencias de Acebes se alinean con las voces de alarma que se han producido en Europa ante lo que se considera una “aministía” para la inmigración ilegal que se va a producir en España.
Ante las airadas protestas de países como Alemania u Holanda–cuyos gobiernos no sabemos si para el PSOE son ahora también una muestra de “racismo y xenofobia”-, la Comisión Europea ha optado por que los Veinticinco debatan sobre las medidas de regularización de inmigrantes en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE para conseguir una mayor cooperación y transparencia en las iniciativas que adopta en este campo cada Estado miembro.
Téngase en cuenta que la medida tomada por el Gobierno va en dirección opuesta a la que recientemente han tomado varios países europeos. Así, en Francia el ministro Sarkozy defiende ahora la aplicación de cuotas selectivas. Berlusconi promulgó una ley hace dos años que sólo permite la entrada a extranjeros con contrato de trabajo y facilita las condiciones de expulsión. El Gobierno de Schröder ha ordenado que se restrinjan los visados a los visitantes del Este. Y Blair acaba de plantear una reforma que establecerá cuotas estrictas para que sólo puedan entrar en Gran Bretaña profesionales cualificados, a los que se les exigirá conocimientos de inglés.
La situación geográfica de España hace, además, mucho más difícil de atajar el problema de la inmigración ilegal. Pero es que el Gobierno , más que subsanarlo, parecería dispuesto a incentivarlo dando esperanzas de llegar a buen puerto a los polizones.
Lo que también es cierto es que, desde el PP, tampoco se ha ofrecido ni se sigue ofreciendo una salida sólida al problema de la inmigración ilegal. Téngase en cuenta que una indiscriminada restricción legal de la inmigración como alternativa, no sólo es un empobrecedor error, sino también “un efecto llamada” a la inmigración ilegal. Eso, por no hablar del permanente “efecto llamada” que cualquier país democrático, por el hecho de serlo, genera comparado con los regímenes que fuera de nuestras fronteras sólo saben fabricar miseria y opresión. A esos regímenes muchas veces Europa los subvenciona, mientras cierra las fronteras a los pocos productos en los que pueden ser competitivos.
Lo que es seguro, precisamente por la complejidad del problema, es que su solución no radica ni en una nueva “amnistía temporal” para los que han entrado ilegalmente en nuestro país, ni en descalificar de “xenófobo y racista” a cuantos puedan estar en desacuerdo con ello. A la vista está, sin embargo, que la propuesta del gobierno socialista no pasa del parche y de la descalificación.
