El salto cualitativo de la democracia española reside en que sus víctimas no sólo nos conmueven, e incluso nos ofrecen la oportunidad de hacernos mejores seres morales, sino que también nos persuaden políticamente con sus argumentos a favor de más y mejor democracia. He ahí la grandiosa singularidad de la Asociación de Víctimas del Terrorismo a nuestro débil Estado de Derecho. He ahí el argumento fundamental de las víctimas contra quienes quieren acabar con el terrorismo por vías tortuosas, o peor, bordeando la legitimidad que las propias víctimas han dado a la democracia española. He ahí, pues, la primera aportación de la democracia española a la construcción de la democracia europea.
De ahí se deriva que oír, escuchar atentamente, a las víctimas del terrorismo es el primer deber de los españoles para desarrollar la democracia. Hace tiempo que las víctimas consiguieron superar el estatuto de ciudadanos de segunda, casi objetos de compasión y piedad, para convertirse en ciudadanos de referencia, sujetos políticos, que nos dan la oportunidad al resto de los españoles de vivir en democracia. Y, precisamente, porque las víctimas jamás han exigido venganza contra el terrorismo, sino más democracia y mejor funcionamiento del Estado de Derecho, sin ellas es imposible vivir en democracia. Sin convertir su sistema de vida y de ideas en una referencia clave del desarrollo democrático no es, hoy, posible la democracia en España.
Prestar atención crítica a todas aquellas agencias “políticas” y de “creación de opinión pública” que, de un modo u otro, no quieren escuchar, y menos dialogar, con este sistema de referencia democrático tan básico para todos los españoles, es tarea prioritaria para quienes deseamos seguir viviendo en democracia. En otras palabras, quien intente manipular, desviar y denigrar la tarea democrática de las víctimas, estará contribuyendo al establecimiento de otro régimen político que difícilmente tendrá el nombre de “democracia”. Es en este contexto, precisamente, dónde debemos integrar la creación de la oficina, o como se llame, del Alto Comisionado de las Víctimas del Terrorismo.
Ni ZP ni Peces Barba han conseguido explicar por qué se ha creado esta “institución”. Superflua, ha dicho elegantemente Mikel Buesa, es la figura de Peces Barba como Alto Comisionado, al enterarse de que asistiría al homenaje de su hermano Fernando, asesinado por ETA hace cinco años. Más que superflua, diría yo, la figura de Peces Barba es sospechosa. El origen y funcionamiento de esta “institución” comisarial mueven antes a la sospecha que a la confianza. Sospechosa es la aparición de un Comisionado para recoger las demandas de las víctimas, cuando ya existía una subdirección del Ministerio del Interior que gestionaba magníficamente esas demandas. Sospechosa es la actuación del Alto Comisionado, cuando sólo asiste a los homenajes de unas víctimas y no de otras. Quizá es que para Peces Barba hay víctimas de primera y de segunda. Y sospechosa es la figura del Alto Comisionado cuando crea una estructura “burocrática”, dependiendo directamente de la Presidencia del Gobierno, sin contar con quienes más saben de “atención de víctimas del terrorismo”.
