Varias veces he pensado que los abogados, ante los reiterados atropellos a la ley y a la verdad por parte de los jueces chilenos, deberíamos hacer lo que dice Alvaro Bardón: acudir en masa a romper nuestros títulos ante el Palacio de los Tribunales.
Pero esos gestos de indignación moral sólo hallan eco en países civilizados y éste no sólo no lo es. Además, ya se ha entrado aquí en una etapa de completo cinismo frente a esos atropellos de la mayoría de los jueces. Los medios de comunicación y la masa sólo repiten consignas y han perdido toda vocación crítica. Nada se obtiene con exponer verdades o dar razones. Al cabo, la justicia siempre cede a las presiones de los abogados comunistas, por descabellado, falso o ilegal que sea lo que piden.
Quien ha batido todos los récords es Juan Guzmán, a quien considero el Old Georgean con mejores títulos para optar al galardón de peor juez de la historia de Chile. Ahora acaba de despachar, sin prueba alguna que sustente la más mínima sospecha, sendas órdenes de aprehensión contra dos ex ministros intachables del régimen militar, los generales César Raúl Benavides y Enrique Montero. Su argumento es insólito: "Es imposible que no supieran", dice, de detenciones ilegales practicadas por agentes del Estado (detenciones que él califica, ilegalmente, por supuesto, como "secuestros", delito susceptible de cometerse sólo por particulares).
Un destacado jurista, Arturo Fermandois, ha observado, además, algo evidente: que esta última resolución del juez Guzmán implica establecer una presunción de derecho (es decir, que no admite prueba en contrario) de la responsabilidad penal de dos personas, presunción vedada por la Constitución. Pero, ¿a quién en Chile le importa ya la Constitución?
Los jueces del crimen deben actuar sobre la base de pruebas, eso es elemental. Pero hace largo tiempo que acá han dejado de hacerlo, pues en Chile ya no imperan las bases fundamentales del derecho penal, como la presunción de inocencia y el principio de legalidad. Y se desconoce, además, la base de todas las bases: la verdad.
La gente decente está desconcertada. Incluso las voces más prudentes y moderadas ya expresan alarma. En sendos artículos publicados en el diario El Mercurio, un profesor de derecho internacional, Hernán Salinas Burgos, se sorprende de que los magistrados, para desconocer la amnistía y la prescripción, apliquen normas de tratados relativos a conflictos armados internacionales, que, como es obvio, son inaplicables a un conflicto interno como el chileno; y el catedrático Jorge Piña Rochefort, doctor en derecho y profesor de derecho penal, hace ver su asombro ante el uso judicial de la figura del "secuestro permanente", a sabiendas de que no lo es, para eludir esas normas extintivas de la responsabilidad, concluyendo: "Si los jueces han podido llegar a la verdadera convicción de una inveracidad..., los ciudadanos probablemente ya no sabremos qué esperar cuando nos sometamos a su jurisdicción".
Expresa compartir esa misma aprensión una respetada ex ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Raquel Camposano Etchegaray, cuya pericia jurídica y apego al derecho le vedaron, en su momento, la posibilidad de que el Gobierno propusiera al Senado su ascenso a la Corte Suprema.
Nunca se habían visto los atropellos a la verdad y a la ley que están teniendo lugar bajo nuestra judicatura actual. No me explico cómo los financiadores externos no se han dado cuenta y siguen rebajando el nivel de riesgo país a una economía en la que los derechos dependen de una justicia manejada a su amaño por los abogados comunistas.
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Hermógenes Pérez de Arce, es analista político chileno
