La denuncia que acaba de realizar el presidente de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), Pedro Meroño, sobre el intervencionismo del Gobierno en el sector energético y sobre el fomento desde el Ejecutivo de los monopolios privados es un signo más, y preocupante, de los derroteros por los que camina la política energética e industrial en nuestro país desde que el PSOE volvió al poder.
El vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, ha dicho desde que tomó posesión de su cargo que uno de los objetivos de esta legislatura en materia de política económica era seguir profundizando en la liberalización de los sectores productivos, entre ellos, y en especial, el energético. La alerta que ha lanzado Meroño indica, sin embargo, que la realidad marcha justo por el lado contrario porque Solbes puede estar perdiendo una nueva batalla frente al ministro de Industria, José Montilla, y el director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, Miguel Sebastián. Éste último, de hecho, habló antes y después de las elecciones generales del 14-M de movimientos de concentración en el sector energético, en contra de lo que viene diciendo Solbes desde hace un año, y esos movimientos, por lo que dice o teme Meroño –que vetó la OPA de Gas Natural sobre Iberdrola–, pueden iniciarse en cuanto éste abandone la presidencia de la CNE.
La política de campeones nacionales que quiere poner en marcha el Gobierno tampoco es nueva ni buena. En la etapa de Felipe González en La Moncloa, el Ejecutivo diseñó un mapa energético con tres grandes partas o empresas en el centro de cada rama: Repsol en hidrocarburos, Endesa en electricidad y Gas Natural en gas. Sin embargo, este modelo solo dio como resultado compañías poco competitivas y menos rentables que obtenían sus beneficios de su situación de dominio del mercado. En cambio, en cuanto el sector se abrió a la competencia, las empresas se vieron obligadas a luchar por su cuota de mercado y a ser más eficientes, de lo que se han beneficiado tanto los accionistas, en forma de mayores dividendos y revalorizaciones de las acciones; las propias empresas, que ahora son más eficientes y competitivas, y los consumidores, que han visto como en los últimos años se ha invertido mucho en nuestro país en capacidad de generación de energía y en distribución, aumentando de esta forma una calidad de servicio que estaba muy deteriorada y reduciendo el riesgo de apagones. Si ahora se vuelve a la política de campeones nacionales, todo lo que se ha ganado con los efectos positivos que ha empezado a deparar la liberalización podría perderse con rapidez.
La estrategia del Ejecutivo, además, parece encaminada a beneficiar al grupo industrial de La Caixa que, dicho sea de paso, paga sus impuestos a una hacienda de la Generalitat catalana muy necesitada de ingresos. Repsol, que ya tiene como presidente a quien quiere La Caixa, esto es, al anterior primer ejecutivo de Gas Natural, Antoni Brufau, se encuentra en el centro de todo este montaje, en el ojo del huracán. En tiempos de González quiso construirse en torno a la petrolera hispano-argentina un gran conglomerado energético que incluyera a esta compañía, Gas Natural y una eléctrica. Pero este tipo de modelo de negocio no ha funcionado en ningún país en el que se ha puesto en práctica y, además, atenta contra la competencia. Por este último motivo, el Tribunal de Defensa de la Competencia vetó la fusión Endesa-Iberdrola y la CNE la OPA de Gas Natural sobre dicha eléctrica. Ahora, sin embargo, la salida de Meroño de la CNE cambiará las cosas. En Cataluña esperan que el nuevo presidente del organismo regulador del sector energético, probablemente Alberto Lafuente, será más proclive a las operaciones de concentración ya que, al fin y al cabo, va a nombrarle un Gobierno que quiere impulsarlas. Por ello ya han empezado movimientos, como la solicitud de La Caixa de un consejero en Endesa, cuyo fin último es la creación de ese gigante energético formado por Repsol, Endesa y Gas Natural, que dejaría una gran parte del sector en manos de una entidad, La Caixa, e indirectamente de un Gobierno autonómico al que el Estado le concede todo: el del tripartito catalán.
Detrás de toda esta estrategia, por tanto, hay unas motivaciones políticas claras, entre las que se incluye engordar a Repsol con Endesa y Gas Natural para hacer más difícil una OPA sobre la petrolera hispano-argentina por parte de cualquiera de las grandes multinacionales del sector, que no tendrían apenas problemas para digerir semejante operación. Repsol es una empresa de tamaño medio en el contexto internacional que cuenta con un activo muy interesante: los yacimientos de Argentina. Por ello, en el pasado, los grandes se acercaron al Gobierno del PP para intentar la compra, si bien no pudo llevarse a cabo porque la compañía estaba protegida por la acción de oro. Pero ahora las cosas son distintas y si La Caixa no quiere perder el control de la petrolera no tiene más opción que aumentar su tamaño mediante operaciones corporativas para dificultar las cosas. En cierto modo, de esto también es de lo que se trata cuando desde el Gobierno se habla de movimientos de concentración en el sector, de que no le quiten Repsol al tándem La Caixa-tripartito catalán, aunque sea a costa de la siempre sana competencia. Eso siempre se paga en términos de ineficiencia, mayores precios y un riesgo regulatorio que los mercados castigan en forma de prima de riesgo sobre la cotización de las acciones.
