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EDITORIAL

¿Ilegalizar a Batasuna para pactar con el PNV?

Poco importan los cálculos electorales que hagan quienes carecen de principios. Lo importante es ir acabando con las anomalías políticas que, durante tanto tiempo, han mantenido débil a nuestro Estado de Derecho

La anulación de las candidaturas de Aukera Guztiak dictaminada por el Tribunal Supremo va a lograr acabar con algo que una democracia coherente no debería haber tolerado nunca. A saber, que una organización terrorista tuviera representación política y financiación pública en las instituciones democráticas.
 
Desgraciadamente, y a pesar de la ley de partidos aprobada hace ahora dos años, ETA ha mantenido siempre y aun bajo distintas denominaciones -Herri Batasuna, Batasuna, Sozialista Abertzaleak-, grupo parlamentario en la cámara autonómica vasca; algo que ahora se ha pretendido perpetuar con la presentación de unas “Listas Limpias” que han venido a ser desenmascaradas por parte del Tribunal Supremo.
 
Aunque Aukera Guztiak haya anunciado este domingo un recurso, difícilmente el Tribunal Constitucional puede establecer criterios distintos a los empleados por el Supremo a la hora de enjuiciar el caso. La sentencia valora de forma muy detallada cada prueba aportada por la Abogacía del Estado y la Fiscalía, que demuestran, de forma muy clara, el hecho de que, a diferencia de Aralar -formación nacionalista de izquierdas que condena el terrorismo-, Aukera Guztiak no es más que el ardid del que hablaba la propia ETA en sus zutabes para tratar de burlar la Ley de Partidos. Además de las conexiones, nada limpias, entre Batasuna y AG, resultan especialmente relevantes las evasivas con las que esta formación se ha negado a condenar de forma clara e inequívoca el terrorismo, algo que, por sí mismo, debe suponer la automática impugnación de sus listas.
 
Poco importan los cálculos electorales que hagan quienes carecen de principios. Lo importante es ir acabando con las anomalías políticas que, durante tanto tiempo, han mantenido débil a nuestro Estado de Derecho. Y, aunque no se trate de una anomalía legal, continúa siendo una anomalía política que un partido no nacionalista, como se supone que es el PSOE -que ejerce, además, las responsabilidades del gobierno-, no haga un frente constitucionalista común junto al PP frente al envite independentista del nacionalismo vasco. Si los Tribunales hacen bien poniendo fuera de la ley a Batasuna, el PSOE haría mal en venir a sustituirla como nuevo socio del PNV. Los nacionalistas vascos, por mucho que cumplan los requisitos legales que se exige a toda formación democrática para poder presentarse a las elecciones, han dejado en evidencia que sus objetivos independentistas son los mismos que los de la organización terrorista. Nada peor que, con la excusa de moderarlos, el PSOE venga, en realidad, a maquillarlos estableciendo alianzas postelectorales con el PNV como las que ya se apuntan para después de las elecciones.
 
El apoyo que, finalmente, ha dado el PSOE a la impugnación de estas listas proetarras, ha tenido, no obstante, cuidado en todo momento de no desairar a los nacionalistas del PNV. No hay que olvidarse de que el Fiscal General del Estado que -ahora sí- ha hecho su trabajo, es el mismo que, con el beneplácito del Gobierno, se negó hace unos meses a recurrir el “caso Atutxa” y la impunidad con la que los nacionalistas se habían negado a ejecutar la anterior sentencia del Tribunal Supremo que ordenaba la disolución del grupo parlamentario de los proetarras.
 
Hoy podemos celebrar el principio del fin de esa presencia proetarra en un parlamento; sin embargo, que un partido nacional esté dispuesto a establecer alianzas con los independentistas, tanto en Cataluña como en el País Vasco, continúa siendo una lamentable anomalía política que no tiene parangón en ninguna democracia occidental.

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