En el debate sobre la reforma del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF) que ha abierto el PSOE desde su llegada al poder, lo único que tiene sentido hasta ahora es el anuncio que acaba de realizar el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, acerca de que la reforma se retrasará un año y no entrará en vigor hasta 2007.
Bajar impuestos siempre es bueno porque contribuye a dinamizar la economía, estimula la creación de empleo y, sobre todo, devuelve a los ciudadanos cuotas de libertad importante en forma de menos dinero que pagan todos los años a Hacienda y que pueden disponer de él a su antojo, todo lo cual, en conjunto, se traduce en un mayor bienestar para la sociedad. Parte del secreto de los éxitos económicos de los ocho años de gobierno del Partido Popular reside, precisamente, en el aligeramiento de la carga fiscal que soporta la sociedad que realizó en ese periodo. Pero aunque las bondades de los recortes tributarios son más que evidentes, éstos siempre deben de ponerse en marcha cuando las circunstancias lo permitan porque si se aprueban en momentos poco adecuados para ello, se corre el peligro de alimentar el déficit público, como ha sucedido en Alemania.
Solbes conoce perfectamente esta realidad y, de hecho, defendió desde el primer momento de la legislatura que la reforma del IRPF a la que se había comprometido el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, debería entrar en vigor en 2007 con el fin de contar con el margen de tiempo suficiente para valorar los efectos de la segunda rebaja de este impuesto aprobada por el PP, que entró en vigor en 2003, y, de esta manera, poder calibrar adecuadamente el nuevo recorte. Sin embargo, en cuanto Solbes se manifestó en este sentido, Zapatero le corrigió y dijo que el compromiso era que la reforma entrase en vigor en 2006. Ahora, parece que las aguas han vuelto a su cauce, si bien queda por confirmar que el presidente del Gobierno no vaya a insistir en su idea inicial en vez de dejar hacer a su vicepresidente económico.
Detrás de todo esto hay una lectura política inevitable, que tiene dos vertientes. La primera de ellas se refiere a la necesidad o no de acometer en esta legislatura una nueva reforma del IRPF. Para Manuel Lagares, presidente del Colegio de Economistas de Madrid y cabeza visible de la comisión que elaboró las propuestas para las reformas de este impuesto que hizo el PP, ahora no hace falta dar una nueva vuelta de tuerca. Sin embargo, el PSOE está empeñado en hacerlo en una estrategia que huele demasiado a operación de imagen: los populares dejaron a los votantes españoles un buen sabor de boca con su política económica, sobre todo con sus medidas fiscales, y los socialistas no quieren ser menos en el terreno de la imposición personal, a pesar de las dudas sobre el efecto final para los contribuyentes que suscitan las propuestas de reforma que se han ido avanzando tanto desde el Ministerio de Economía y Hacienda como desde la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno. Y es que, aunque los socialistas hablan de reducir los tipos, también hacen referencia a recortar o eliminar deducciones y a subir la tributación por plusvalías, con lo cual, al final podría resultar que con la nueva estructura del IRPF que apruebe el Gobierno, los españoles acaben pagando más a Hacienda.
