La aparición del Partido Comunista de las Tierras Vascas es una indignidad para la democracia, así como un oscuro apaño y un posible delito. Sí; pero es posible que sea un precio que merezca la pena pagar si con ello el PNV no consigue mayoría absoluta en las elecciones del 17 de abril, y se abre la puerta a la alternativa constitucionalista.
Las encuentas indican que la abstención y el desamparo de los votantes de Batasuna benefician al PNV. Y, lógicamente, después de un proceso de peneuvización de la sociedad vasca, el voto de los nuevos electores es, en su mayoría, para el gobierno de Vitoria. El PNV centra su campaña, además, en una idea: son víctimas –como buenos nacionalistas- que sólo quieren que se consulte democráticamente a los vascos (y vascas). Y en sus mítines denuncian la supuesta conjura españolista contra el vasquismo, señalando como ejemplo la ilegalización de la izquierda abertzale –proetarra- en sus distintas fórmulas.
Pero he aquí que Batasuna se saca de la manga una “lista blanca”: el Partido Comunista de las Tierras Vascas –¡qué antiguo suena!-. El PNV acusa al PSOE de tener comprometida la cobertura legal de los comunistas vascos con el brazo político de ETA. Y es que la mayoría absoluta está en peligro porque el voto independentista va a estar dividido.
La aparición del PCTV beneficia en exclusiva al PSE. La estrategia socialista de la división del voto del adversario es antigua. Absorbida para estas elecciones parte de los votos del PP vasco, sólo le queda al PSE evitar la acumulación de sufragios en el PNV. La presencia de los comunistas de las tierras vascas puede impedir la mayoría absoluta de Ibarretxe, sin que el PCTV llegue a conseguir un grupo parlamentario igual o superior al de Euskal Herritarrok. La jugada política parece redonda.
Ahora bien, si con el PCTV se mantiene el actual equilibrio de fuerzas parlamentarias tras las elecciones del 17 de abril, ¿qué hará el PSE? Lo puede aprovechar para pactar un gobierno con el PNV, fomar una gran coalición que excluya al PP, y elaborar un Estatuto casi secesionista sobre la base del referéndum. El gobierno Zapatero aceleraría entonces la negociación con ETA para presentar el fin de la banda terrorista como un salvoconducto para la nueva fórmula política.
Si se queda en la oposición, el PSE puede optar entre hacer un frente con el PP para defender la legalidad, o convertirse en una alternativa más en el parlamento vasco, equidistante entre el constitucionalismo y el independentismo. Adoptaría el PSE entonces la palabrería hueca de Zapatero -paz, solidaridad, tolerancia, diálogo, talante…- y el de la culpabilidad del PP, que seguiría siendo el responsable directo de la existencia del plan Ibarretxe y, en definitiva, de la persistencia del “conflicto vasco”.
En estos dos últimos casos, el viaje nacionalista del plan López habría sido un completo fracaso, que tendría que saldarse con la dimisión de la dirección del socialismo vasco. Porque si el PSE acaba formando un bloque con el PP para defender la legalidad, más le hubiera valido hacerlo desde el principio, no despedir a Redondo Terreros, concurrir a las elecciones de 2005 junto a los populares y no adoptar un discurso nacionalista vergonzante.
