Cristina Galindo informó en El País sobre el plan de las autoridades ante la carestía del suelo. “Para abaratarlo, Vivienda quiere reformar la ley: los criterios legales de valoración del suelo deberán atender a la situación real del bien, sin incluir elementos especulativos”. Actualmente, si la Administración quiere comprar suelo para viviendas protegidas, fija “un justiprecio que deberá incluir el potencial beneficio inmobiliario del desarrollo de esa promoción. Es decir, el propietario está vendiendo en realidad un terreno rústico, por ejemplo, pero el justiprecio tratará esos metros como urbanizables. Y eso pese a que el vendedor no haya invertido ni un euro en el proceso de transformación del suelo”. Otra vez, el mensaje es nítido: ¡Hasta ahí podríamos llegar! Bendita ministra que acaba con la “especulación”. Doña Cristina concluye su información sin matiz alguno sobre este espléndido proyecto, gracias al cual baja el precio del suelo y el Estado se ahorra dinero.
Aquí hay dos disparates. Uno estriba en circunscribir sólo en los propietarios el precio del suelo, como si ellos lo estipularan y las Administraciones Públicas no tuvieran nada que ver con su encarecimiento.
