Todas las voces que estos días critican la propia existencia de la Ley Orgánica de Partidos Políticos –entre ellas la de la magistrado del Tribunal Supremo Margarita Robles, alto cargo del Ministerio de Justicia e Interior en tiempos de Belloch– parten de una premisa falsa e incluso malintencionada. Esta Ley, como cualquier parte del ordenamiento jurídico, es eficaz o no según se utilice. Así, si una norma legal prevé la ilegalización de un partido político o su no posible presentación a las elecciones, y este mecanismo legal no se utiliza, la pregunta que nos hemos de hacer es la razón por la cual no se aplica.
Si realmente las críticas a la Ley de Partidos van por el camino de querer volver a la situación anterior, en donde partidos políticos vinculados o dirigidos por ETA, cuando no partes mismas de la organización terrorista, podían presentarse a las elecciones, estar presentes en las Cámaras y hablar de tú a tú con otros partidos políticos, entonces sí, lo mejor es ser menos hipócritas y reformar la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Porque lo que no tiene sentido es tener los mecanismos para que el Partido Comunista de las Tierras Vascas –menudo nombrecito se han buscado– no se pudiera presentar a las elecciones autonómicas de este 17 de abril y no utilizar estos resortes legales para impedirlo. O no utilizarlos ahora, aunque el daño ya está hecho.
