El Ejecutivo socialista quiere llevar a cabo una nueva reforma de los códigos de buen gobierno de las empresas, es decir, de ese conjunto de buenas prácticas, unas voluntarias, otras de carácter obligatorio, encaminadas, en última instancia, a proteger los derechos de propiedad de los accionistas. Hasta ahora, dichas reglas vienen reguladas por los códigos Olivencia y Aldama y por la ley financiera, que, por supuesto, son mejorables. Pero lo inquietante es que, precisamente, este Gobierno sea él que quiere proceder a su reforma y plantearlo justo ahora.
La crítica que hace el Ejecutivo a los códigos de buen gobierno de las empresas es que la figura de los consejeros independientes no está funcionando como tal, con lo que no defienden los intereses y los derechos de propiedad de los accionistas, que es para lo que están en teoría. El Gabinete, en este sentido, recuerda que no han partido iniciativas ni críticas por parte de los independientes acerca de las decisiones de los consejos de administración en los que participan y que se han limitado a asentir o a aprobar las propuestas de los directivos.
En esto, el Ejecutivo tiene razón: es una realidad constatada una y otra vez. Y no sólo eso, sino que los estudiosos del buen gobierno de las empresas ya han señalado en repetidas ocasiones que la figura del consejero independiente es mucho menos relevante para garantizar las buenas prácticas de lo que en un principio habían pensado. Algunos, incluso, llegan a cuestionar esta figura porque aseguran que nadie que se siente como independiente en un consejo de administración es verdaderamente tal cuando la decisión de su nombramiento no ha salido de los accionistas minoritarios, sino que se ha producido a propuesta de los mayoritarios o de los directivos de la compañía, y que lo que de verdad importa es la transparencia en la gestión, los acuerdos parasocietarios entre accionistas relevantes, los intereses de los consejeros y administradores, etc. Por tanto, y desde esta óptica, se puede decir que da igual que el Ejecutivo reforme los códigos de buen gobierno o los deje como están.
La cuestión es por qué el Gabinete se introduce ahora en este trigal. En otras circunstancias, al Gobierno cabría suponerle una preocupación legítima por la defensa de los derechos de propiedad de los accionistas, sobre todo de los minoritarios. Pero es que estamos hablando de un Ejecutivo cuyo presidente dijo que, al día siguiente de ganar las elecciones, quería ver sobre su mesa la dimisión de los presidentes de empresas privatizadas puestos por el PP, de un Gobierno que ha estado detrás del intento de Sacyr-Vallehermoso de asaltar la presidencia del BBVA, que no lo consiguió porque el primer ejecutivo del banco, Francisco González, contó precisamente con el apoyo del consejo de administración de la entidad; de un Gabinete que estuvo encantando cuando La Caixa promovió la salida del presidente de Repsol, Alfonso Cortina, para sustituirlo por Antoni Brufau, y que seguía igual de contento cuando la entidad financiera catalana empezó a reclamar más asientos en el consejo de administración de Endesa.
