A lo mejor hay 130.000 barriles/día de petróleo de alta calidad, y gas como para abastecer a España durante los próximos 40 años, en el subsuelo marino de Canarias. Repsol YPF así lo estima y persigue, desde 2000, la autorización del Estado para llevar a cabo los sondeos en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura. Marruecos no reconoce oficialmente la legitimidad de España para administrar esas aguas, que siguen flotando en un limbo jurídico y político a pesar de las pautas de reparto del orden marítimo internacional impartidas en la Cumbre de Montego Bay (Jamaica), de 1982. Marruecos ha autorizado a petroleras norteamericanas a realizar sondeos en la misma plataforma tectónica, muy cerca de donde pretende llevarlos a cabo Repsol YPF.
Antonio Brufau dijo este jueves que “España no se puede permitir tener teóricamente recursos muy importantes y perderlos por dudas medioambientales”. Simultáneamente, en el Parlamento de Canarias era rechazada, con los votos de CC y PSOE, una iniciativa del PP favorable a que se conozca si hay o no petróleo y gas en el subsuelo español. Lo más elocuente es que quienes rechazaron la moción están a favor de los sondeos, aunque jamás lo reconocerán. CC promovió la iniciativa parlamentaria, junto al PP. La firmaron juntos, juntos la registraron en la Cámara. Pero, veinticuatro horas antes, las tribus nacionalistas de Fuerteventura y Lanzarote se amotinaron.
El Grupo nacionalista se desautorizó a sí mismo, votando en contra de un respaldo a los sondeos que ellos mismos habían promovido. Las razones del PSOE son aún más clínicas. El PSOE lideró el boicot a los sondeos de Repsol YPF, cuando estos fueron autorizados, en 2001, por el Gobierno de Aznar. Dirigentes y gobernantes socialistas de Lanzarote encabezaron las manifestaciones del movimiento ecologista. La apelación ante el Supremo lleva la iniciativa y la firma de líderes locales del PSOE. El Tribunal la estimó basándose en el hecho de que el expediente autorizado por el Gobierno Aznar carecía de un informe de impacto ambiental. El 10 de marzo de 2004, el entonces candidato Juan Fernando López Aguilar celebró en Canarias la suspensión de los sondeos como “un triunfo socialista en defensa de un interés genuinamente canario”.
Las lanzas se han tornado silencios administrativos desde que Montilla gobierna la cartera de Industria. Sensato partidario de autorizar los sondeos, Montilla llevó el expediente al Consejo de Ministros cuatro días antes de las pasadas Elecciones Europeas, pero la autorización quedó oficialmente “sobre la mesa”. Todo apunta a que la presión del ministro de Justicia tuvo que ser decisiva. Aprobarla así, sin anestesia, habría sido demasiado escandaloso para miles de canarios que votaron de buena fe al PSOE convencidos de que la demagogia oportunista contra el desarrollo es un buen programa de gobierno. Nadie duda de que el Gobierno concederá esos permisos. Si Repsol YPF cumple con todos los requisitos legales para llevarlos a cabo, no hay ninguna razón, salvo que nos hayamos vuelto todos locos, para que no se conozca si hay petróleo y gas suficiente en los fondos marinos de Canarias. El problema es cómo explicará el PSOE la diferencia entre lo que prometió y lo que ha hecho.