Todos los ministros de defensa se enfrentan desde el día de su toma de posesión a dos enemigos muy importantes: los jefes de estado mayor de cada ejército, por un lado; y, por otro, al ministro de Hacienda. Los primeros suelen pedir más y más. De todo. Hombres, materiales, entrenamientos… El primero suele asignarle unos fondos siempre exiguos que no dan para satisfacer las demandas de los primeros. Es verdad que hay quien consigue un término medio, como ocurrió recientemente con Eduardo Serra. Pero no parece ser ese el camino de José Bono.
Por ejemplo, su nuevo proyecto de ley del soldado profesional peca por ambos extremos. Para empezar, fija un volumen de efectivos de tropa y marinería de 80 mil hombres y mujeres. Se trata de una cifra que supera el número actual, aunque más baja que lo que marcaba la ley actual. Sin embargo, se trata de una cifra mágica en la medida en que no se sabe de dónde sale. O, al menos, no se explica cómo se ha llegado a la misma. Y no se hace porque no se puede explicarlo racionalmente. No se deriva de ningún análisis estratégico por el que se alcance una estimación de las necesidades para lograr unos determinados objetivos; no se deduce tampoco de las limitaciones que siempre imponen unos presupuestos de defensa muy ajustados. La realidad es que sólo se explica desde la estructura de fuerzas que hoy existe. Pero no desde la que de debería existir mañana. A pesar de ello es más que posible que los mandos no se sientan satisfechos porque cualquier déficit de soldados por debajo de dicha cifra, sin tocar la estructura y las unidades de hoy, supondría una clara merma de la disponibilidad de algunas unidades.
En segundo lugar, la fórmula que emplea el nuevo proyecto de ley para atraer más soldados a filas, esto es, el incentivo económico directo, bien aumentando el sueldo de la tropa y marinería, bien asegurando unas primas de reenganche, chocan directamente con la política presupuestaria de este gobierno. Incluso su elemento más responsable económicamente, Pedro Solbes, prefiere contener los gastos de defensa a fin de compensar el ansia gastadora de otros departamentos. De llevar adelante los planes de la ley de Bono, el presupuesto de defensa debería crecer en términos reales y no nominales, una décima de punto del PIB en los próximos tres o cuatro años, cada año. Y eso si dicho incremento se dedica a la partida de personal. Cuando el gobierno haga público su gasto para el 2006 veremos la realidad de los planes de José Bono.
Tampoco puede olvidarse que la partida de material no tiende a moderarse en su gasto, habida cuenta de que se deberá hacer frente a los anticipos del Ministerio de Industria, lo que, salvo que se compense de alguna manera, restará unos mil millones de euros al año del presupuesto de defensa en materia de adquisiciones. El problema es que para eso sólo hay dicha cantidad. Esto es, sin aumento del presupuesto para adquisiciones, las compras están ya comprometidas de aquí al 20024.
