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EDITORIAL

La Nación, la Corona y el orden de sucesión

No menos paradójico es que ahora pretendan aprovecharse del cambio de nuestro tradicional y constitucional orden de sucesión a la Corona, quienes ni creen en la nación, ni en la Constitución, ni en la Monarquía española

Tan importante como celebrar que pronto habrá un nuevo integrante en la línea de sucesión a la Corona es reparar en que, por primera vez en la democracia española, el gobierno de la nación hace depender su legislatura de una formación política abierta y radicalmente contraria, tanto a la monarquía, como a la unidad de la nación que la Corona representa. El pacto de gobierno de Zapatero con los secesionistas de Esquerra Republicana es algo que, simplemente, no tiene parangón en ninguna otra democracia del mundo. Ningún otro presidente o primer ministro de cualquier otra monarquía parlamentaria ha rendido tantos homenajes al sistema republicano de gobierno como José Luis Rodríguez Zapatero. Si como en cualquier otra Monarquía, la República no forma parte de nuestro entramado constitucional, en el caso particular de España, las reiteradas referencias del actual presidente de gobierno a esta forma política de Estado son, además, un motivo de división y de reapertura de heridas que retrotraen a los españoles a los oscuros días de la Guerra Civil. Zapatero, sin embargo, no ha tenido siquiera empacho en utilizar a favor de la República hasta la popularidad de Don Juan Carlos.
 
Más grave, con todo, es el jaque de este presidente y de sus socios de gobierno a la nación española que, precisamente, sustenta y simboliza la Corona. Ya no son sólo los independentistas, sino los propios socialistas –empezando por el presidente del gobierno- los que están dispuestos a definir como “nación” o “comunidad nacional” a varias comunidades autónomas en sus respectivos estatutos de Autonomía.
 
La noticia del nacimiento del primer hijo de Don Felipe tampoco podrá evitar que se reabra la cuestión del orden de sucesión a la Corona, que, si bien no había sido nunca motivo de resquemor social hacia la institución monárquica, de un tiempo a esta parte ha empezado a serlo, gracias, inicialmente, al interés de unos pocos medios de comunicación y, posteriormente, a la ceguera “políticamente correcta” del resto.
 
Aunque el inicio de esta campaña mediática no fue ajeno a personales e interesados rechazos a que el orden de sucesión de los títulos nobiliarios quedara finalmente supeditado y conforme al orden de sucesión a la Corona, lo cierto es que a ella se ha unido últimamente la práctica totalidad de los medios de comunicación y partidos políticos. Inconscientes de lo demoledora que la visión racionalista puede ser para una institución basada consustancialmente en el linaje y en la tradición, hay quienes tampoco ven el riesgo que entraña el reformar la Constitución para satisfacer esta polémica. Tanto para la Corona, como para la nación.
 
La Constitución había reflejado, ciertamente, discriminaciones y privilegios inherentes a la Corona en capítulos específicos y sellados pero que, a cambio y lógicamente, no podían salir de ahí pues sólo ahí tenían sentido y sólo ahí resultaban inofensivos. Los Reyes se seguirían sucediendo como venían haciéndolo en España –salvo la breve etapa en que rigió la Ley Sálica-, sin que por ello los ciudadanos volviéramos a sufrir discriminaciones ni a ser súbditos de ellos.
 
Ahora se pretende absurdamente enfrentar el artículo 14 con la prelación del varón sobre la mujer como si a los ciudadanos nos afectara, o como si la primogenitura y la razón de orden de nacimiento no fueran discriminaciones, tanto como el sexo, que también expresamente proscribe el artículo mencionado. Además, se ignora los problemas jurídicos que plantea acabar con el tradicional orden español de sucesión cuando lo que se pretende es que el cambio no afecte a los hijos del actual titular de la Corona, sino a sus nietos.
 
Si Raymond Carr reprochaba lúcidamente a los carlistas partidarios de la Ley Sálica, el mal argumento que para un partido tradicional como aquel era preferir un derecho de familia francés a las Partidas Medievales españolas, no menos paradójico es que ahora pretendan aprovecharse del cambio de nuestro tradicional y constitucional orden de sucesión a la Corona, quienes ni creen en la nación, ni en la Constitución, ni en la Monarquía española.

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