Según publica el diario El Mundo en el número 60 del suplemento Su Vivienda, el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón planea reducir la edificabilidad de las manzanas donde se ponga en marcha el plan de revitalización. El motivo es casi tan totalitario como la propuesta: el Ayuntamiento de Madrid considera que la ciudad gana en calidad y así se beneficiarán los ciudadanos.
No sé si la idea de Gallardón ha quedado clara. Reducir la edificabilidad significa que algunas personas que hoy tienen una vivienda, mañana dejarán de tenerla por obra y gracia de nuestro gallardo señor y su tan personal como colectivista visión de cómo mejorar la calidad de la vida urbana. Hablamos de confiscación, expropiación, latrocinio, robo o incautación. Que cada cual elija el sustantivo que más apropiado le parezca porque si dejamos que el edil catalogue su acción no me extrañaría que empleara los términos que un decorador de interiores utilizaría para describir su última obra.
Supongo que los creadores del plan se defenderán replicando que no se pretende incautar la casa de nadie y que, bien al contrario, se pagará a los afectados por esta reforma estética el valor de mercado de las viviendas expropiadas primero y destruidas después. Surge entonces una interesante cuestión: ¿cómo se pretende financiar tan costosa mengua de la edificabilidad? Pues, seguramente, echando gasolina a la hoguera gallardoniana, es decir, con más deuda. Todos sabemos que Gallardón nunca ha tenido problemas a la hora de endeudar a sus ciudadanos a través de compromisos que él ha ido adquiriendo en nuestro nombre y no creo que esta ocasión vaya a constituir una excepción.
Sin embargo, ese problema es una minucia si lo comparamos con otros en los que el Alcalde, como consecuencia de su simpleza intervencionista, no se habrá detenido a pensar. Y es que no hay forma de que el consistorio pueda pagar el verdadero valor de mercado de las viviendas que expropiaría a sus ciudadanos. La razón es bien sencilla y se encuentra en la raíz de la teoría económica del valor. Dado que el valor es siempre subjetivo, el precio de bien heterogéneo como la vivienda depende de las aptitudes negociadoras tanto del vendedor como de quienes están interesados en comprarla y del valor subjetivo que cada uno le otorguen. De modo que el precio de mercado de una vivienda como las que el ayuntamiento de Madrid piensa expropiar sólo puede conocerse una vez se produce un acuerdo de compra venta en el mercado, lo que precisamente impedirá el plan expropiador. Así pues, la única manera de que se pague un precio de mercado –o justo– por esas viviendas es tratando de comprárselos a sus dueños. Pero, claro, entonces el plan quedaría en parte supeditado a que los ciudadanos quisieran realmente ver reducida la edificabilidad, algo seguramente intolerable a los ojos de Gallardón. Y digo en parte porque aunque el Ayuntamiento comprase las viviendas a sus propietarios, lo estaría haciendo con el dinero que se le ha arrebatado a los ciudadanos mediante impuestos y que estos dudosamente habrían usado de esa manera.
