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Alberto Recarte

Vamos a hacer balanzas; pero de todo

Me ratifico en la imposibilidad de hacer balanzas fiscales autonómicas, por carencia de datos para distribuir adecuadamente los ingresos por impuestos sobre el IVA, Sociedades e incluso por pagos a la Seguridad Social e IRPF.

Me ratifico en la imposibilidad de hacer balanzas fiscales autonómicas, por carencia de datos para distribuir adecuadamente los ingresos por impuestos sobre el IVA, Sociedades e incluso por pagos a la Seguridad Social e IRPF. Pero, puestos a desarrollar agravios, propongo que se elaboren:
 
  1. Balanza fiscal.
  2. Balanza comercial; en la que se registren las exportaciones e importaciones de cada autonomía con las otras 16, con vistas a analizar la posibilidad de imponer cupos y aranceles internos.
  3. Balanza de la Seguridad Social. En la que se recojan, para todas las personas que vivan en cada autonomía, sus ingresos y pagos por cuotas sociales a lo largo de toda su vida; teniendo en cuenta las pensiones.
  4. Balanza de inversiones públicas. Con dos fases. La primera desde el final de la guerra civil hasta la ley de reforma política de 1977. La segunda hasta hoy. En ella se contabilizarían no sólo las inversiones en infraestructuras, sino las transferencias desde los presupuestos del estado a las empresas públicas para inversión en cada región, que son especialmente importantes en el caso de las derivadas de los planes de desarrollo de la década de los sesenta.
  5. Balanza para distribuir el endeudamiento de la Administración central. De los 400.000 millones de euros que debe el sector público en España, la mayoría –cerca del 87%– corresponde a la Administración central, que habría que distribuir, según lo que resulte de las otras balanzas, entre las 17 autonomías.
  6. Balanza de ahorro e inversión a través del sector financiero. Especialmente significativa hasta finales de los setenta, pues hasta esa fecha los bancos invertían obligatoriamente porcentajes determinados en actividades sectoriales y en empresas, por imposición de los gobiernos de cada momento y, en muchos casos, el ahorro se había generado en otras autonomías.
  7. Balanzas de operaciones especiales: Debería hacerse un cómputo separado de los costes de la reconversión industrial de los 80, las subvenciones a la minería del carbón –durante el franquismo y hasta hoy–, el PER de Andalucía y Extremadura y la cobertura del déficit de la seguridad social agraria.
  8. Balanzas de deudas históricas.
a)     Balanzas de ingresos y gastos por proteccionismo industrial. De ingresos en el caso de Cataluña, País Vasco y Asturias, por el proteccionismo exterior a sus empresas industriales frente a las importaciones del resto del mundo, durante los siglos XIX y XX, que resultaron en altísimos precios para los productos industriales que consumían los españoles y que resultaron en carencias de ahorro de casi todos los españoles y el enriquecimiento de la burguesía de esas regiones protegidas.
 
b)     Balanza de ingresos y gastos por la protección a los cerealistas de Castilla y Andalucía, que beneficiaron a esas regiones por la protección de sus cultivos frente a la importación de terceros países y que permitieron la acumulación de ahorro de los grandes terratenientes de esas zonas y la falta de ahorro del resto de los españoles.
 
c)     Balanza del gasto histórico de la Administración pública; que ha permitido, durante siglos, –hasta hace 25 años– una actividad parasitaria de la autonomía de Madrid; que ha desembocado, a su vez, en una mayor capacidad de tiempo y ahorro para lograr una mejor formación educativa en los habitantes de esta autonomía que les permite, ahora, ser más competitivos que gran parte del resto de España.
 
d)     Balanza de daños materiales y morales por la emigración. El resultado de las políticas puestas de manifiesto en las anteriores balanzas ha desembocado, históricamente, en grandes migraciones internas, que han supuesto pérdidas materiales y morales, –que habría que evaluar– y que tendrían que pagar las autonomías en las que se han establecido los emigrantes a las autonomías de origen, para compensar los gastos derivados de la alimentación y educación de esas personas antes de su traslado. Una práctica común en los países del socialismo real antes de permitir la salida de nacionales de sus países cuando se autorizaban éstas.
 
Comprendo que esta relación es incompleta, pues lo lógico sería llegar, por lo menos, hasta el comienzo de la dinastía Borbón en un primer análisis, para después analizar el balance de los Austrias. Y quizá el reinado de los Reyes Católicos. Análisis aparte merecería el coste derivado de las destrucciones provocadas por las diferentes guerras civiles, con atribución de responsabilidades.
 
Por supuesto, la elaboración de estas balanzas habría que hacerlas para cada autonomía, lo que implicaría el nombramiento de expertos y comisiones de estudio que tendrían que trabajar durante algunos años. Pero eso fomentaría la creación de empleo, que beneficiaría a muchos licenciados en historia, derecho –valorando la especialización en derecho internacional público– y economía –con ponderación especial a los que demuestren práctica en contabilidad creativa.

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