Nuestros gobernantes y políticos no entienden que otros países crecen porque han abierto sus economías y han reducido los impuestos y el cruel papel del Estado opresor y de favor.
El cruel no es el mercado –como creen políticos e intelectuales con ideas de los siglos pasado y antepasado–, sino el Estado y las leyes represivas que no permiten a las personas actuar con libertad. Esta incomprensión explica la "mala" distribución del ingreso y de las oportunidades.
Naturalmente, usted no me cree. Es normal. Seguramente se ha tragado los mitos decimonónicos que trasmite la enseñanza oficial, que al satanizar la gestión libre y competitiva, el trabajo, el ahorro y la iniciativa individual liquida a los pobres. Un cambio liberalizador les abriría oportunidades verdaderas porque no son incapaces, como creen los gobiernos, sino que les faltan las opciones que abren los mercados libres, que en Chile están limitados por cientos de regulaciones municipales, tributarias, laborales, ambientales, de salud, policiales y de todo orden, que no permiten ganarse la vida.
Tenemos un sistema impositivo antipobres, basado en el IVA, que es regresivo, al igual que los impuestos al tabaco y las bebidas. Un 15 por ciento a todo, incluidos los ingresos, sería más "justo", si, además, se permitiera un descuento para donaciones de beneficencia. Los pobres no pueden importar coches usados y pagan una sobretasa por la ropa, un arancel aduanero de seis por ciento y sobreprecios por la harina, pan, azúcar y derivados, por las bandas de precio. En las carnes, de manera disimulada, les cobran más caro, así como en el metro cuadrado para la vivienda por las regulaciones urbanas.
El Estado es el cruel y no el mercado. El ingreso popular subiría 15 por ciento nada más que con eliminar los gravámenes diseñados por los "progres" para ayudar a las oligarquías gremiales.
Es muy pesado repetir que la normativa laboral, inspirada en la teoría de la explotación del siglo XIX, es la que explica que permanezcan sin empleo entre uno y dos millones de chilenos. ¿En cuánto aumentaría el ingreso real de los pobres si hubiera libertad de trabajo y cerráramos el ministerio del ramo? ¿Y en cuánto si hiciéramos lo mismo con el de Educación, entregando la administración de los establecimientos a los apoderados, más un subsidio por matriculado? Esto hizo Nueva Zelanda, nivelando y mejorando de verdad la calidad de la enseñanza, en menos de un quinquenio, y no en décadas, como proponen nuestros educadores y políticos.
Los ministerios, excepto cinco, sólo ponen trabas a la libre empresa y la inversión. Así lo hace el de Educación, que encarece y limita la creación de colegios y universidades y reduce la calidad, al revés de lo que nuestros académicos creen. Así, también, en la salud y en agencias oficiales y variados programas nunca evaluados.
