La manifestación que esta tarde recorrerá las calles de Madrid, convocada y liderada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, es algo más que una legítima muestra de repulsa ante una determinada política del Gobierno. Es una llamada de atención a la opinión pública española de cómo, desde la democracia, se quieren socavar las mismas bases de España como Nación y como Estado de Derecho. La disposición del Gobierno de negociar con ETA, hecha pública y refrendada por el Parlamento, antes incluso de que la organización terrorista haya declarado un cese temporal de su actividad criminal, supone, ni más ni menos, una quiebra en la legitimidad en el ejercicio del poder del Gobierno. Porque ningún Gobierno puede, sin traicionar su legitimidad, sentarse a “dialogar” con quien no tiene más “títulos” acreditativos que el haber asesinado a casi un millar de ciudadanos.
Libertad Digital no existía cuando el gobierno de Aznar, una vez declarada la tregua de 1998, accedió a comprobar si era sincera y definitiva la disposición de ETA de abandonar esa senda criminal que, de forma apologética, se llama “la lucha armada”. Sin embargo, al hacer balance de lo que habían sido los gobiernos de Aznar, meses antes del 11-M y del inesperado cambio de Gobierno, no dejamos de señalar ese “error” que venía a empañar una, por lo general, notable política antiterrorista, pero que hizo que “Aznar cayera, por un breve espacio de tiempo, en la tentación del atajo en política terrorista, como fue querer apaciguar a ETA con las negociaciones celebradas durante la tregua terrorista”.
Sin embargo, resulta indecente, moral e intelectualmente, equiparar ese error de Aznar con la infame disposición del Gobierno de ZP, que ha registrado una indignación entre las víctimas y una esperanza entre sus verdugos que, simplemente, no tiene antecedentes.
En primer lugar, hay un deber de aprender de los errores, tal y como hizo Aznar y parecía haber entendido Zapatero al suscribir, ambos, el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Las equivocaciones de gobiernos anteriores no dan licencia –como pretenden algunos- para volverlas a cometer, sino, por el contrario y por la lógica más elemental, a censurarlas con mayor severidad y fundamento. En segundo lugar, porque lo que el Gobierno de ZP ofrece ahora a ETA -antes de que esta haya declarado una tregua- no es, ni de lejos, lo mismo que lo que les ofreció Aznar meses después de que los terroristas interrumpieran su actividad criminal. Mientras que Aznar advirtió, desde el primer momento, que no habría “precios políticos” por la paz, la afirmación de ZP de que “la política puede contribuir al fin de la violencia”, la han hecho suya con rapidez los representantes políticos de la organización terrorista, tal y como ha hecho este viernes el batasuno Pernando Barrena.
La afirmación de Irene Villa de “No sé si se podría vivir en un país en el que quien me representa está pactando con quien casi me mata", es ilustrativa de hasta que punto el “diálogo” con ETA, -con independencia de su finalidad, del estado de ánimo de los terroristas, de sus treguas o de lo poco o mucho que se esté dispuesto a pactar con ellos- supone una quiebra del Estado de Derecho. Una Nación que está dispuesta a preservar su unidad a costa del derecho al amparo judicial de sus ciudadanos, no merece ser llamada propiamente una Nación. Porque a la Nación, tanto como su historia o sus fronteras territoriales, la configura el Derecho.
En el caso de Zapatero, estamos, además, ante un Gobierno que ha dejado de defender una idea nacional de España y que basa su apoyo parlamentario en grupos que, como los independentistas, comparten los objetivos secesionistas de ETA; un Gobierno que, además de ofrecer a ETA la impunidad, ya ha dejado en suspenso la Ley de Partidos y que ofrece a ETA sumarse a sus parlamentarios para negociar, al margen del PP, el fin del Estatuto de Guernica.
Esa “política” que, al margen del Derecho, Zapatero cree que puede “contribuir al fin de la violencia”, ofrece a ETA, por el contrario, una esperanza para no arrojar la toalla sin que se le pague el precio que reclama por llegar a hacerlo. La derrota del terrorismo no pasa por intentar contentar al que no se va a contentar, sino por la destrucción de la esperanza que anima a cada terrorista.
No es sólo por el deber con el pasado por el que debemos reivindicar la certeza y función punitiva de las penas. También por su función disuasoria, para evitar que el coste de futuros atentados puedan ser también puestas en cuestión. Por eso todos debemos este sábado reivindicar la “memoria, la dignidad y la justicia” a las que las víctimas tienen derecho. Por ellos, por nosotros, por todos.
