Tras impedir que una delegación de organizaciones no gubernamentales, políticos y periodistas españoles pudieran desembarcar en El Aiun, el Gobierno marroquí ha decidido dorarle la píldora al ministro Moratinos, que se reunirá con el ministro Benaissa.
La delegación española no pudo acceder al aeropuerto de El Aiun (con la significativa excepción del representante de El País) simple y llanamente porque quería informarse y ser informada de los graves sucesos producidos hace unos días en la capital del Sahara occidental que terminaron con varios heridos, bastantes detenidos y un despliegue policial y militar sin precedentes en la ex colonia. Allí, quien se mueve se la juega
Está claro que Marruecos no cederá un ápice en el contencioso del Sahara occidental y que no aceptará nunca que se celebre en este territorio un referéndum de autodeterminación entre otras importantes razones porque podría perderlo y la opción independentista conseguir la mayoría. Por tanto, pierde el tiempo el secretario general de la ONU nombrando y desnombrando a enviados especiales suyos (acaba de destituir al diplomático peruano De Soto) para que arreglen o encaminen un asunto que no tiene salida ni solución mientras el monarca marroquí, su gobierno y una parte de la opinión pública (no toda, desde luego) no quieran negociar una vía civilizada de entendimiento.
Ni que decir tiene también que todas las promesas y charadas de Zapatero y su ministro de Exteriores anunciando a bombo y platillo que España actuaría de amigable componedor y lograría un entendimiento entre las dos partes eran la expresión pánfila de la “diplomacia del talante” que tan buenos resultados está dando en Sudamérica, los USA y Europa. A medida que pasen los meses es de suponer que Moratinos acepte algo que todos sabían de antemano, incluso los menos informados: Marruecos no aceptará plan alguno que suponga la expresión libre de la voluntad del pueblo saharaui. De modo que ni “Plan Baker”, ni “Plan De Soto” ni Plan Marshall. La “ultima ratio” del régimen cherifiano son las fuerzas de ocupación y la policía para acabar con la más mínima expresión de rebeldía, descontento o hartazgo de una población que lleva esperando más de treinta años que se cumpla la legalidad internacional.
