“Un retroceso gravísimo en la lucha antiterrorista que luego se paga con muertos", “Una vuelta atrás”, “Si ya políticamente las cosas no estaban claras, judicialmente ya empiezan a estar turbias". Con estas y otras severas pero justificadas afirmaciones han protestado los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía ante la sentencia de la Audiencia Nacional que ha condenado a penas mínimas a los integrantes de la organización Jarrai, rama juvenil de ETA encargada del llamado “terrorismo de baja intensidad” o “kale borroka”.
Con penas que oscilan entre los dos años y los tres años y medios de prisión, ninguno de los condenados tendrá siquiera que volver a la cárcel, donde muchos de ellos ya habían agotado el plazo de prisión preventiva. La Audiencia Nacional ha justificado su liviana y preocupante sentencia afirmando que Jarrai (Ekin, Segui o cualquiera de las muchas siglas bajo la que se han venido arropando los cachorros de ETA) es una organización “ilícita pero no terrorista”.
Resulta deprimente ver como una sentencia ignora o, lo que es peor, no saca las consecuencias lógicas de algo, ya tan acreditado, como es la vinculación, ideológica y práctica, de Jarrai con la propia organización terrorista, cuyo entramado es más, mucho más amplio de los que empuñan las pistolas.
ETA, además, no sólo ha utilizado reiteradamente la violencia callejera, organizada y programada por estos grupos, como campo de entrenamiento donde reclutar a sus futuros pistoleros, sino que ha encargado, en repetidas ocasiones, la intensificación de la kale borroka como parte de su propia estrategia criminal y política.
No menos bochornoso resulta el argumento por el que la Audiencia ha rechazado considerar a estas organizaciones como terroristas, y que se basa en señalar que, aunque sus “actuaciones” persigan los mismos fines que ETA, "nunca se enmarcaban en la utilización de armas". Vamos, como si la naturaleza de un delito, lo determinara el medio con el que se perpetra; como si los cócteles Molotov no fueran, por lo demás, un arma, tal y como han acreditado serlo con la multitud de heridos –incluso muertos- que han provocado en estos años.
Lo que es indiscutible es que, con sentencias como esta, hemos vuelto a una interpretación escandalosamente laxa y condescendiente con el mundo terrorista, abandonando la senda de firmeza y severidad inaugurada bajo el gobierno del PP y en el que estaban, y debían de seguir estando comprometidas, no sólo la policía, sino también la propia Administración de Justicia. Con un Gobierno, sin embargo, que ha hecho pública su disposición a pagar a ETA precios políticos y penitenciarios por la “paz”, no hay que extrañarse de nada. Como dice el sindicato policial, “si ya políticamente las cosas no estaban claras, judicialmente ya empiezan a estar turbias".
