La discusión sobre el reparto de los fondos europeos (sólo el 1% del PIB de los países miembros) parece un “remake” de los planteamientos de los nacionalistas catalanes sobre las balanzas fiscales.
En el caso de España es imposible hacer correctamente las balanzas fiscales de cada autonomía, porque los datos que tenemos no se pueden desagregar a nivel de autonomías: ni los ingresos por IVA, ni por IRPF, ni mucho menos sociedades y, aunque parezca mentira, ni las cotizaciones a la seguridad social. Los repartos que se hacen, fruto del acuerdo unánime de 2001 para la financiación de autonomías, tienen mucho de voluntarista y de búsqueda de equilibrio político antes que de reparto proporcional y de solidaridad entre unas y otras autonomías y el estado central. Pero si, finalmente, hiciéramos balanzas fiscales autonómicas habría que acompañarlas de otras balanzas de mayor importancia para el bienestar y la solidaridad entre los habitantes de cada autonomía, como son las balanzas comerciales y financieras, por hablar sólo de las de más fácil factura y de efecto económico más inmediato. Tampoco fáciles de hacer, en cualquier caso.
Pues bien, un panorama parecido es el que nos encontramos con la discusión presupuestaria para los años 2007-2013 en la Unión Europea. Sólo se discute de balanzas fiscales, y aprovecho para comentar que no es fácil elaborar esas balanzas en la propia Unión Europea, pues se parte, para calcular las aportaciones nacionales al presupuesto, de la renta nacional per cápita, entre otros conceptos, y es notorio que cada país la mide de forma distinta –Eurostat no es garantía de nada– y que el nivel de ocultamiento y de economía sumergida es muy diferente en cada país. Pero, incluso en el caso de que estuvieran correctamente elaboradas, a mí me parece inconcebible que el gobierno de España no haya alegado –para conservar fondos para la modernización de la economía española– el argumento de las balanzas comerciales.
El mes de marzo de 2005, último mes para el que hay estadísticas de comercio exterior oficiales, España tuvo un déficit comercial con los países de la Unión Europea de 2.500 millones de euros aproximadamente. Extrapolando ese dato resulta posible que España acumule un déficit comercial con la Unión Europea de 30.000 millones de euros en 2005. Quizá sea menor, pero difícilmente bajará de los 25.000 millones de euros.
Ésta es la aportación española a la Unión Europea: comprar a las empresas europeas bienes en exceso de los que importa de ellos por esa cuantía. Ningún país de la Unión tiene un déficit semejante con el resto; ni en valor absoluto ni en porcentaje sobre cualquier variable. Somos el primer impulsor al crecimiento de la Unión Europea de entre los 25 países miembros. Y se nos quieren negar 6.000 millones de euros anuales de transferencias netas europeas para proyectos que tienen como objetivo modernizar y hacer más competitiva la economía española.
¿Por qué ese tremendo déficit y, simultáneamente, esa gran contribución al crecimiento europeo? Porque España se ha abierto lealmente a la competencia de las empresas de la Unión y del resto del mundo. En España, genuinamente, hemos dejado de ser proteccionistas y hemos permitido una deslocalización industrial no vía cierre de actividades y empresas, pero sí por la vía de que el aumento de la demanda de muchos productos industriales se suministre desde el exterior. Y a la vista de los resultados parece evidente que la industrial española no era, ni es, suficientemente competitiva. Necesitamos mejorar nuestras infraestructuras, nuestra formación, nuestro componente tecnológico, nuestras relaciones laborales, nuestro comportamiento como consumidores, para ser más competitivos. Y, para eso, fondos europeos específicos nos vienen muy bien. Parece evidente que no estábamos suficientemente preparados para abrirnos sin contemplaciones al exterior y para integrarnos en el euro. Es cierto que no había alternativas. Que con la Unión Europea o sin ella deberíamos haber hecho lo mismo, abrirnos al exterior, y aceptar la globalización; aunque no, ciertamente, integrarnos en el euro; pero éste es otro tema.
Pero los países europeos más desarrollados, -a los que hacemos el grueso de nuestras compras- y el gobierno español no pueden ignorar la contribución al crecimiento y al empleo en el resto de la Unión Europea que significa nuestro déficit comercial. Este argumento justifica que España mantenga no ya unos fondos de cohesión limitados durante dos o tres años, sino los 6.000 millones de euros anuales netos durante los siete. Por cierto, que esa propuesta de la presidencia luxemburguesa es peor para España que la de la Comisión europea, porque aunque se nos concedan dos años más de fondos de cohesión se nos recorta mucho más el gasto comunitario por otros conceptos. Por otra parte, es inconcebible la miopía de los supuestos líderes europeos, pues una parte medible de su prosperidad depende de que España continúe creciendo al ritmo al que lo hace y cercenar fondos en estos momento puede provocar, en un gobierno como el que tenemos, el que dejen de hacerse infraestructuras imprescindibles o que se dejen de dedicar recursos a la formación profesional, con lo que se ponen límites al crecimiento español y a las compras en Europa por parte de empresas y consumidores españoles. Una crisis económica en España, en estos momentos, puede repercutir muy negativamente en la economía de la Unión Europea. Nuestra economía es muy fuerte, pero muy frágil, y los supuestos líderes europeos deberían tenerlo en cuenta.
Termino, las balanzas fiscales no deben nunca examinarse solas. Al menos, hay que analizarlas conjuntamente con las comerciales. La estrategia española ha sido suicida: aceptar la pérdida de peso político en la derrotada Constitución europea, aceptar la modificación del Pacto de Estabilidad y de los acuerdos de Lisboa y ahora negociar las balanzas fiscales sin referencia a los intercambios comerciales.
